TRIBUNALES POPULARES, JUSTICIA DE CLASE Y NUEVO DERECHO
EL CASO BARRIOBERO, 1936-39

El intento de transformación de la administración de la justicia en el preciso momento del inicio de la guerra civil y de las aspiraciones revolucionarias de las clases populares catalanas, es uno de los aspectos muy controvertidos. Si bien Las transformaciones económicas y organizativas de la producción mediante las colectivizaciones industriales o agrarias se conocen sus éxitos y fracasos, por lo que respecta a la actuación de la justicia popular, una vez creada la Oficina Jurídica , todavía se halla pendiente de documentar.
Este artículo que presentamos, cedido por su autor, EDUARD MASJUÁN, forma parte
de una investigación con esos objetivos de conocimiento.
La polémica actuación de esta Oficina y sobre todo la de su responsable Eduardo Barriobero durante los ochenta días de su presidencia, sin duda han contribuido a mantener en el olvido este fracasado intento de transformación social de uno de los aspectos más importantes de la convivencia ciudadana como es la justicia.

LOS PRECEDENTES
Después de la sofocación del golpe militar del mes de julio, la administración de justicia de Barcelona se encuentra casi completamente paralizada. En algunas ocasiones la necesidad de hacer justicia popular por lo que respecta a los procesos sociales incoados durante los treinta últimos años, en otras por el simple hecho de borrar un pasado de represión patronal ejecutado desde las instituciones empresariales como la Federació Patronal de Catalunya, vinculada con los sindicatos libres, dieron lugar en Barcelona a que durante los primeros días inmediatos al 19 de julio se extienda una fuerte oleada popular para impugnar y borrar este pasado.
Sirvan, a modo de ejemplo, hechos como los siguientes. La puesta en libertad de los presos sociales de la cárcel Modelo, a excepción de los de afiliación derechista, como es el caso del ex Presidente del Sindicato Libre, Ramón Sales. La autorización del Comité Regional de la CNT para que se proceda a la devolución de los bienes empeñados, sin pago previo a excepción de los de lujo. Este hecho señala el inicio de que la justicia popular recaiga sobre quienes practican en Barcelona la muy usual usura. La usura hasta entonces había alcanzado gran importancia: tan sólo ocho días después del 19 de julio se habían desempeñado 3.000 máquinas de coser, ropas y colchones por valor de tres millones de pesetas. La represión de la usura, así como la vigilancia de los aumentos de los precios de las subsistencias serán en los meses siguientes las peticiones obreras más exigidas. La detención durante los días siguientes al 19 de Julio de personas que habían facilitado desde sus propiedades el levantamiento fascista.
La tarea por parte de las Milicias Populares para evitar el contrabando de armas en la frontera con Hendaya, así como también la detención de individuos que cometen actos de saqueo o se toman la justicia por su cuenta. Ante el elevado y creciente número de personas detenidas por dar apoyo a la sedición fascista, el gobierno de la Generalitat ordena la requisa del vapor «Uruguay» para ser habilitado como prisión.
En estos días ya se comienzan a conocer las cifras de víctimas que han costado sofocar la rebelión en Barcelona, que giran alrededor de 400 personas. Su magnitud todavía contribuye a exacerbar más la opinión pública y refuerza la actividad de las milicias para detener a todos aquellos que han dado apoyo a la sedición fascista.
En medio de este clima de exaltación revolucionaria del mes de julio, un grupo de obreros penetra en las oficinas de la Compañía de Tranvías de Barcelona. El resultado fue la quema del fichero social de los trabajadores de la compañía, anteriormente presidida por el Marqués de Foronda (Grande de España). Días más tarde, la justicia popular tendrá que afrontar las peticiones de indemnización de particulares accidentados por el tranvía, así como las reclamaciones de los propios obreros tranviarios, lo que sin duda resultará un proceso que tendrá trascendencia hasta después de la guerra civil.

Los alquileres y los inquilinos
Otra de las cuestiones que se presentaba a finales de julio era la de la rebaja de los alquileres de viviendas obreras, y que los sindicatos y partidos políticos, como el POUM, mediante su comité ejecutivo, reclaman que se rebajen en un 25% y que también se supriman todos los depósitos de alquileres. Unos días más tarde, el sindicato de inquilinos, en colaboración con el sindicato de higiene, construcción y metalurgia de la CNT , toma el acuerdo de establecer la rebaja de los alquileres en un 50%, a la vez que exige la devolución inmediata de los depósitos y pagos de fianzas de los inquilinos. La CNT está dispuesta, desde el día 30 de julio, a ejercer el control de todos los alquileres de Barcelona excepto los de los edificios públicos. El acuerdo pretende convertir el sindicato en recaudador de los alquileres.
Desde este momento surge la Sociedad de Inquilinos Unidos, dispuesta a realizar esta tarea bajo la advertencia de que:»...Por el bien de la mayoría de los inquilinos, declaramos que el que no cumpla estos acuerdos se le considerará enemigo del pueblo y se le aplicará la justicia popular...». Este tipo de acuerdos sindicales anticipan lo que unos días después será ya una realidad: el intento de poner en práctica la justicia popular para ocuparse de estos asuntos.

Lentitud y colapso judicial
Además, las numerosas denuncias que desbordan ya a finales de julio el Departamento de investigación de las Milicias Antifascistas podría haber favorecido el restablecimiento del aparato judicial existente, pero la incapacidad de éste para reformarse, para hacer frente a las demandas populares que ha generado la nueva situación social, lo impiden definitivamente.
La gran lentitud en los procedimientos civiles o criminales entre personas pobres, la parcialidad de la justicia que favorece invariablemente siempre al deudor y la parcialidad de los magistrados en las causas sociales, hacen que la justicia y los jueces existentes, como manifiesta Ángel Pestaña, a través del jurista Marià Rubió, puedan ser considerados verdaderos tribunales de clase.

¿QUÉ ORGANISMOS HAN DE ADMINISTRAR LA JUSTICIA ?
Desde un primer momento se planteó la cuestión de cuáles eran los sistemas legislativos y normativos más apropiados para hacer frente a la nueva situación revolucionaria. Y entre los anarquistas que controlan el Comité de Milicias en aquel momento no existe unanimidad al respecto.
De todos modos, los motivos por los que se decide penetrar y ocupar el Palacio de Justicia con la conformidad de la CNT-FAI son confusos, a partir de las propias declaraciones de Diego Abad de Santillán, cuando explica que un grupo de milicianos encabezados por el abogado republicano federal Àngel Samblancat vaya a ocupar el edificio el día 12 de agosto de 1936.
En todo caso, la iniciativa había estado poco reflexionada y no obedecía a ningún plan preconcebido como así se pregunta el propio Abad de Santillán: ...» ¿Por qué se nos ocurrió poner en funciones el Palacio de Justicia, que estaba clausurado desde los días de la revuelta y nadie intentaba abrirlo? ¿Qué tenía que hacer un poder judicial en la nueva vida que se organizaba? Ángel Samblancat apareció un día en nuestro cuartel general para que le facilitásemos la ocupación del Palacio de Justicia, que había de pasar a depender del Comité de Milicias. No teníamos tiempo para reflexionar sobre lo que podíamos hacer con ese instrumento de toda la confianza y extendimos una orden de allanamiento de sus dependencias, custodiadas por retenes de la Guardia Civil , con el pretexto de hacer un registro en busca de armas. Franqueada la entrada por la guardia, los milicianos que acompañarían a Samblancat se quedarían allí. Así se abrió el Palacio de Justicia y así comenzó a organizarse la llamada justicia revolucionaria...»
El primer órgano para aplicar el nuevo derecho fue la creación de la Oficina Jurídica legitimada por el decreto de la Generalitat del 17/8/1936, con el objetivo manifiesto de aislar la justicia revolucionaria de la justicia oficial, con el fin de que ambas actúen por separado.

La Oficina Jurídica : un tribunal revolucionario
Hasta que Barriobero tomó posesión de su cargo, la labor de la oficina había sido la quema diaria de los archivos del Palacio, con la finalidad de hacer desaparecer toda huella de los procesos sociales y políticos. Barriobero, ayudado inicialmente por los enlaces de la CNT José Batlle y Antonio Devesa, comienza a establecer las pautas por las que se regirán y el tratamiento que recibirán las múltiples e inaplazables peticiones de justicia. Una de las primeras medidas que toma Barriobero es la de examinar antes de ser destruidas todas las piezas sumariales con el fin de separar las fianzas, y que los deudores asuman, así, sus responsabilidades.
Así, Barriobero ayudado por un grupo de jóvenes abogados, ponen en marcha, en aquel momento, el único tribunal en funciones de Barcelona, ya que la Generalitat , con tal de evitar disturbios ante la situación de colapso, había declarado inhábiles los días siguientes al levantamiento hasta finales de agosto. Un aplazamiento forzado por la situación, a lo que la puesta en marcha de la Oficina Jurídica venía a suplir temporalmente.
La Oficina se dispuso a dar satisfacción jurídica gratuita a todas aquellas personas que la solicitasen, bajo tres premisas: la supresión de toda tramitación (justicia rápida), hacer que los deudores cumplan con sus obligaciones y que quienes juzgan garanticen la justicia desde su propia clase social trabajadora. El propósito era administrar justicia de forma directa, rápida y eficaz, posibilitando así que las vistas fueran públicas y que la población se identifique con aquella manera de hacer justicia que le era propia. Se intentaba poner fin a la justicia anterior, que actuaba de espaldas a la mayoría de la población y a sus sentimientos de equidad.
Como era previsible en un cambio de este tipo, la Oficina hizo más de lo que debía realizar de acuerdo con los poderes que le habían sido atribuidos.
El Tribunal estaba en funciones durante doce horas diarias, de lunes a domingo. Y según la memoria de Barriobero, durante los ochenta días de actuación se fallaron más de 6.000 casos, siempre ante un numeroso público congregado en el Palacio para presenciar las vistas.

Multitud y diversidad de los casos
Resulta evidente que fallar ante tal diversidad de materias podía conducir a la comisión de graves errores y caer en el sentido opuesto de injusticia que se quería evitar en el nuevo derecho revolucionario.
Hasta primeros de septiembre, la CNT destaca que la mayoría de demandantes eran obreros y que en general encontraban satisfechas sus pretensiones. A mediados de septiembre, la Oficina dispone de las indemnizaciones por los accidentados del tranvía de la ciudad de Barcelona, a los que la justicia anterior no les había reconocido este derecho, dado que se fallaba siempre a favor de la compañía o contra el conductor del tranvía. El Tribunal, con tal de hacerlas efectivas decretó la detención del único miembro de la sociedad que se encontraba en Barcelona y fue condenado a pagar una multa de 100.000 pesetas para ser distribuidas entre los afectados.

Críticas y ataques a la Oficina
La Oficina dirigida por Barriobero procedió también contra las compañías aseguradoras –ya desvinculadas de sus sedes centrales en el extranjero- en aquel momento gestionadas por sus técnicos, para que cumplieran con sus deudores. Según Barriobero, estas actuaciones provocaron una dura campaña contra la Oficina. La respuesta a estas presiones encaminadas al retorno de la justicia anterior tuvo una rápida contestación en el decreto del día 18/9/1936, firmado por el Consejero de Justicia Quero Morales, el cual aprueba que los jueces y tribunales resuelvan estas cuestiones conforme a las leyes vigentes, siempre que se adapten a las exigencias revolucionarias del momento. Esta fue la respuesta gubernamental en apoyo de la justicia popular que comenzaba a ser seriamente cuestionada.
Ante las actuaciones de la Oficina , la burguesía ya no está dispuesta a transigir en cuestiones económicas y a la persecución a que se ve sometida, pues la persecución de los delitos contra la República frecuentemente proporciona información respecto a actividades conspirativas anteriores al levantamiento militar y que, en algunos casos, alcanzan a relevantes miembros de la Esquerra Republicana , de los que Barriobero dice haber obtenido pruebas que los relacionan con el Presidente del Sindicato Libre, Ramón Sales, entonces en prisión. Comenzaban así una serie de acusaciones contra Barriobero y de éste contra miembros de l'Esquerra Republicana.

Acusaciones de malversación
Según Barriobero, esta documentación comprometedora la depositó en una caja de seguridad de un banco francés, mientras que otros sectores republicanos le acusan de evasión de divisas cada vez que efectúa un viaje al extranjero, acompañado de José Batlle, para -según ellos- salvaguardar los documentos.
En cambio, Barriobero dice que las cantidades recaudadas en concepto de honorarios y multas impuestas por la Oficina Jurídica (más de un millón y medio de pesetas por este concepto) fueron entregadas a las organizaciones obreras y a la caja autónoma del Palacio de Justicia. Barriobero no logró disipar la sospecha de malversación de fondos. La experiencia de la justicia revolucionaria protagonizada por Barriobero había conseguido la brevedad procesal, pero la imparcialidad quedó en duda.

Disolución de la Oficina
La Oficina fue disuelta el 20/11/1936. Para l'Esquerra Republicana»... El hecho que se juzgará sin atenerse a norma jurídica cansó rápidamente a los mismos que habían aplaudido el advenimiento del sistema (...) La Oficina Jurídica en el terreno civil rectificó la práctica tradicional de nuestros tribunales. Así como estos se inclinaban a favor del deudor, la Oficina daba la razón a quien se llamaba acreedor. (...)...». Errores y parcialidad, sí, pero no una acusación de malversación de fondos por parte de Barriobero. A lo sumo, se le imputan abusos por parte de algunas reclamaciones efectuadas por oportunistas que se pueden querer aprovechar de la nueva situación.

Barcelona. Tribunal Popular

Los jurados populares
Durante este período ya se había recompuesto el aparato judicial de acuerdo con las exigencias del momento. El 24/8/1936 habían sido creados los Jurados Populares para la represión del fascismo, que a partir de octubre vieron reducidas sus competencias con la creación de los Tribunales Populares, cuatro de ellos en Barcelona. De esta manera y para algunos, la administración de justicia popular había comenzado a ceder el terreno a la justicia de siempre. Pero de lo que se trataba, una vez Andreu Nin accede a la Conselleria de Justicia, era imponer el orden revolucionario basado igualmente en la justicia de la clase trabajadora y acabar con aquella «extraña» Oficina Jurídica que en la práctica ya había estado aislada desde sus inicios.
Por su parte, los anarquistas, a quienes critica Barriobero por haber accedido a la disolución de la Oficina , se lamentan, posteriormente, de haber revalorizado esa institución judicial, como ya había anticipado Santillán. Esta «concordancia» se debe interpretar dentro de la más estricta teoría.

La defenestración de Barriobero
Parte del personal de la disuelta Oficina Jurídica fue destinado a otros juzgados. El propio Barriobero es propuesto por el entonces Ministro Juan García Oliver, y aceptado por unanimidad, Fiscal General de la República. Sólo durante unas horas, pues, según la versión de Juan García Oliver, Barriobero no lo aceptó. Para otros, Manuel Azaña presionó hasta impedir el nombramiento. En todo caso, se deben tener en cuenta el peso de las acusaciones procedentes de su etapa en la presidencia de la Oficina Jurídica.
El periplo posterior de Barriobero en Barcelona le lleva a mediados de 1937 a ser ingresado en la prisión Modelo bajo la acusación de haber robado joyas, divisas y oro. Interceden ante el Presidente Companys, y consigue la libertad, para ingresar –con escolta de protección- en el hospital de San Pablo para tratarse su dolencia hepática. Y gracias a esa escolta no es secuestrado del mismo hospital.

Proceso y ejecución de Barriobero
Cuando se produce la evacuación de Barcelona, se ofreció a Barriobero, todavía ingresado en el hospital, la posibilidad de salir hacia el exilio francés, pero renuncia por su precario estado de salud. Pero tampoco se puede descartar que Barriobero contemplara la posibilidad de ofrecer su colaboración al futuro régimen franquista, pues como escribe el propio Barriobero en su diario el día 26 de enero de 1939: «...si me dejan vivir, seguiré siendo un republicano platónico y, si lo admiten, les ayudaré a perseguir y sancionar a los que desvirtuando las esencias republicanas, nos crearon ese doloroso conflicto...»
El día 28/1/1939 Barriobero abandona el hospital de San Pablo. El 2/2/1939 es detenido en Barcelona y el juzgado militar franquista comienza a instruir el proceso a partir de la documentación ocupada a la justicia republicana en la que figuran las acusaciones conocidas. El juzgado militar actúa con celeridad y el día siete de febrero celebra el juicio público en el Palacio de Justicia de Barcelona.
Las acusaciones que pesan sobre Barriobero abarcan su actividad de jurista y político de antes de la Guerra Civil. Se le acusa de haber sido militante republicano federal, de haber defendido obreros de la CNT y de ser miembro de la masonería. Del período de la Guerra Civil se le imputa haber formado parte del Comité federal de guerra en Madrid y de sus intervenciones radiofónicas en apoyo de la revolución. De su actividad en la Oficina Jurídica desde el 18 de agosto de 1936, se le acusa de la imposición de multas y de haber puesto a disposición de la «checa» a los agentes de policía Villalba (que apareció asesinado) y Herrera. El informe del Jefe Nacional de Seguridad se contradice cuando afirma que Villalba fue librado a las patrullas de la FAI.
El sumario de cargos recoge el caso de los fondos de Lyon, aunque hubiera sido procesado y absuelto por la República , así como también su supuesta participación legislativa en la constitución del Consejo de Aragón. Además, el fiscal presentó el testimonio de Joaquín Estapé Valls, el cual manifiesta que un tío suyo se había quitado la vida en el calabozo del Palacio después de que Barriobero le impusiera una multa de 150.000 pesetas...
En su defensa, Barriobero negó las acusaciones y reconoció que las multas impuestas recayeron sobre personas que habían dado apoyo a los hechos de octubre de 1934 y que el importe de las multas había sido íntegramente librado para finalidades de guerra. Sobre los fondos depositados a su nombre en un banco extranjero procedían de su ahorro o pertenecían a un cuñado suyo. Pero no puede justificar la existencia de un lingote de oro. No convenció al Tribunal, pues años después las autoridades franquistas seguían buscando ese supuesto «tesoro» de Barriobero. El 14/2/1939, a la edad de 64 años, fue ejecutado en el Campo de la Bota , teniendo el triste honor de ser la primera ejecución del gran número que el gobierno franquista hará en este lugar.
Durante los años siguientes, el régimen franquista toma reiteradamente declaración a personas que reclaman que las multas impuestas les sean devueltas. Las investigaciones para localizar los supuestos expolios realizados por Barriobero no dan fruto alguno, a pesar de durar hasta bien entrados los años sesenta, como se puede ver en los diversos requerimientos que el Tribunal de Responsabilidades Políticas extiende a todos los bancos del Estado para que participen en la búsqueda.
Así, pues, quedan muchos interrogantes por lo que respecta a las acusaciones sobre Barriobero y de los bienes supuestamente sustraídos por él mismo, noticia también difundida por el consuegro de Alcalá Zamora, Queipo de Llano para desacreditar la justicia revolucionaria. También cabe preguntarse dónde fue a parar la supuesta documentación comprometedora que recae sobre algunos dirigentes de l'Esquerra implicados en supuestas conspiraciones políticas.
La polémica figura del Barriobero político y jurista nos lleva a no descartar ninguna hipótesis, como la de Diego Abad de Santillán, por ejemplo, quien atribuye la caída de Barriobero a las Logias masónicas de las que:»...De sus rivalidades y pugnas internas ha resultado la prisión de Barriobero y su abandono en manos de Franco...». Además de esta posibilidad, tampoco no se puede descartar que de la enemistad y discrepancia con Manuel Azaña surja una persecución desde el Gobierno Central que, en definitiva, estaría en el nudo de las rivalidades políticas entre diversos sectores del republicanismo centralista y federalista (que podría estar representado por el propio Barriobero).
En fin, las hipótesis del caso Barriobero quedan abiertas y quizá en un futuro próximo podamos desvelar los interrogantes que hoy todavía tenemos sobre él y la experiencia de una nueva justicia. Justicia que, en democracia o sin ella, sigue siendo de clase y, por ello, el experimento de la Oficina Jurídica de Barcelona nos ofrece un ejemplo valioso a tener en cuenta para ensayos futuros.

EDUARD MASJUAN, Centre d'Estudis Històrics Internacionals (Universitat de Barcelona)
Este artículo que publicamos en el Contramarchas es un extracto del cedido por su autor para su publicación por SOLIDARIDAD OBRERA. El original forma parte de una investigación en curso, sobre la experiencia de la justicia revolucionaria en Catalunya durante la Guerra Civil , auspiciada por el Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. El mismo texto ha sido presentado en el IV Simposio de Historia Actual celebrado en Logroño entre el 17 y 19 de Octubre de 2002, en la sede del Instituto de Estudios Riojanos.

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