Ponencia presentada en el II Encuentro Euromediterraneo
“La economía de los trabajadores” 28-30 Oct. 2016 Tessalónica – Grecia.
Hace 80 años. 18 de julio de 1936. Los militares fascistas inician un golpe de estado contra la II República Española. Gran parte del país cae en sus manos en poco tiempo. Pero tienen un problema: Barcelona. En la capital de Cataluña, los sindicatos de la CNT (la organización anarcosindicalista mayoritaria en el movimiento obrero) organizan la resistencia. Los disparos y enfrentamientos se extienden por toda la localidad. Antes de acabe el día, los militares han sido derrotados. Los obreros se hacen dueños de la ciudad.
Poco a poco, las noticias sobre lo ocurrido en Barcelona se extienden a otros sitios, alimentado las resistencias: Madrid, Valencia, etc. En más de la mitad del país, la resistencia al golpe triunfa, comandada por las masas obreras, ante la pasividad y pusilanimidad de las autoridades republicanas, que más de una vez se niegan a dar armas a las multitudes que se defienden del fascismo.
Los militares y fascistas han sido derrotados. Muchos empresarios y terratenientes huyen a la zona “nacional”. Las autoridades republicanas están escondidas, paralizadas. Los obreros son, de hecho, los dueños de la situación. Pero, ¿qué es la democracia para los obreros? ¿Cómo es una democracia obrera?
Antes de que el aparato estatal pueda reaccionar, los trabajadores proceden a construir un auténtico poder popular, incluso en el ámbito económico. Las Patrullas de Control formadas por las milicias de los sindicatos se hacen dueñas de los barrios obreros, un Tribunal Revolucionario sustituye a la Justicia burguesa, y gran parte de la industria y del campo que queda en manos republicanas es colectivizado, en régimen de autogestión.
El 25 de julio el sindicato CNT de las aguas de Barcelona advierte al pueblo de que la ciudad no tiene que temer absolutamente nada por lo que respecta al suministro de agua, ya que el servicio queda totalmente garantizado por el Comité revolucionario obrero, que ha incautado la empresa. Lo mismo ocurre con los tranvías, los autobuses, el Metro, las redes ferroviarias, la industria de la madera, las agencias marítimas (en las que la iniciativa de colectivización viene de trabajadores sindicados en la UGT, el sindicato socialista, minoritario en Cataluña), gran parte de las factorías de la metalurgia, la construcción, etc.
Un ensayo curioso, hoy que se habla tanto de bienes comunes y servicios públicos socializados fue el de las panaderías. Constituyendo un mercado diseminado por el territorio en la forma de hornos y obradores pequeños y en un ambiente insano de locales anticuados, los trabajadores pusieron un gran empeño en que la producción se realizara en el menor número de hornos posible, mejorando las condiciones de seguridad e higiene y abaratando los costes.
¿Cómo se hizo, por ejemplo, la colectivización de los tranvías? Veámoslo:
“Un grupo de obreros armados se presentó en las oficinas de la Compañía de Tranvías de Barcelona, situada en la Ronda de San Antonio, esquina a la calle Campo Sagrado, incautándose de la misma y del fichero social que de los obreros tranviarios poseía la compañía, siendo quemado en mitad de la calle.”
Mientras tanto, las empresas de propiedad extranjera, que no podían ser colectivizadas, eran sometidas a mecanismos de control sindical y obrero. En la Telefónica, de capital norteamericano, el control se extendía a todos los aspectos de la explotación, conservación, construcciones, comunicaciones, e incluso, a las operaciones bancarias. La compañía no podía retirar dinero de los bancos para los pagos sin la autorización correspondiente del Comité de Control, compuesto por dos delegados de CNT y dos de UGT. Este comité era nombrado por las asambleas de trabajadores. Las atribuciones de la empresa se redujeron a la administración de los ingresos y salidas.
En el campo también ocurría. Con las tierras abandonadas por los fascistas huidos, se establecían colectividades, organismos locales autogestionarios para organizar el trabajo en común. Parte de ellas establecían, también, el pago a los miembros en función de las necesidades familiares en lugar de las horas trabajadas así como formas de moneda social local. Las colectividades establecían escuelas, hospitales, ateneos culturales…todos los servicios que faltaban en pueblos que habían sido sometidos durante décadas, sino siglos, a una situación de atraso y miseria.
El anarcosindicalista José Negré indicaba, en marzo de 1937, en una conferencia en Barcelona, cuál era el concepto dominante en el seno del proceso colectivizador:
“La socialización es un régimen social en el cual los campos, las fábricas, talleres y todos los instrumentos de trabajo, son propiedad de la sociedad, es decir de todos en general y de nadie en particular.
(…) En el sistema de socialización, campos, fábricas y talleres, quedan en manos de los productores, como asimismo la facultad de organizar la producción, transporte y distribución de los productos, pues a nadie compete dicha misión más que a los trabajadores encuadrados en sus organismos sindicales, en sus Sindicatos de Industria y en las federaciones y confederaciones de los mismos.
El señalar el volumen de la producción, o sea, la cantidad de productos que deban elaborarse para cubrir las necesidades de la sociedad, adonde deben transportarse, dónde y cómo deben distribuirse, será competencia de organismo superiores que se creen para atender las necesidades de toda la sociedad, para coordinar la compleja vida de relación social, de la sociedad en su conjunto.”
Esos organismos de coordinación de conjunto se van creando, instituyendo federaciones de ramo de industria y de colectividades agrarias. El ejemplo más acabado es el llamado Consejo de Aragón, la zona donde la colectivización agraria es más completa, que constituye un auténtico gobierno regional basado en la democracia directa y en la autogestión por parte de los campesinos.
El Consejo de Aragón, tiene su correspondencia económica. Antonio Gambau Gil, representante de la CNT en el Almacén de Abastos de la colectividad de Caspe, lo explicará así:
“El sistema que tenía como misión coordinar las necesidades del conjunto de las colectividades aragonesas era la Federación Regional de Colectividades (…) una especie de Banco sin cajas fuertes ni dinero: su labor consistía en contabilizar las disponibilidades, es decir, los excedentes de producción de las colectividades y las necesidades de las mismas. Si una colectividad tenía necesidad de ayuda, la Federación con las disponibilidades de las otras colectividades se la prestaba sin cobrarle por ello ningún crédito, por otra parte aquellas colectividades con excedentes, tampoco percibían ningún interés por sus depósitos que en sí constituían un fondo de solidaridad hacia los demás y hacia sí mismos.”
Para dar una idea de la dimensión del proceso, indiquemos los datos que nos da el historiador Alejandro R. Díez Torre, para los principales espacios geográficos implicados:
-Aragón: 450 colectividades (máximo) integradas por más de 300.000 personas.
-Cataluña: Colectividades agrícolas: 297 (mínimo)-400 (máximo). 70.000 integrantes (promedio de 350 colectividades, a 200 personas por cada una). Colectividades industriales: 80 % de los 700.000 obreros en empresas colectivas. 1.020.000 personas implicadas.
-Levante: 503 colectividades agrícolas (mínimo), con unos 130.000 integrantes familiares. 30.000 personas implicadas en colectividades industriales.
Son sólo ejemplos. Podríamos dar más. El proceso abarcó toda la España republicana y todos los sectores económicos, desde los pueblos vitivinícolas de Castilla-La Mancha a las empresas cinematográficas de Madrid.
El proceso colectivizador fue derrotado: las contradicciones y enfrentamientos en el seno de los sectores populares, el rearme y la vuelta al poder de la burguesía republicana en la zona leal, apoyada por el estalinismo, que entendía que “primero había que ganar la guerra y luego hacer la revolución”, provocando la desmoralización de las masas obreras catalanas, junto a la derrota militar final, llevaron a la disolución, a sangre y fuego, de las colectivizaciones. Son múltiples los testimonios de sorpresa de los antiguos patrones al volver a las instalaciones de su fábrica o su explotación agraria, y verlas mejoradas y reorganizadas de una manera más racional por los trabajadores.
Los subproductos sociales de la derrota se pueden rastrear hasta el día de hoy: en la ausencia de memoria histórica en un país en el que los asesinados en la guerra siguen enterrados en las cunetas de las carreteras y en las fosas comunes sin que se haya permitido a sus familiares darles digna sepultura; en el miedo generalizado de la sociedad española a todo lo que suene a compromiso político o a subversión del orden existente; en la despolitización social de generaciones que no conocen su propia historia, y que no saben que el actual monarca es el hijo del que el dictador Franco impuso para España.
Esta experiencia colectivista desapareció al hilo de la derrota de la República y la brutal represión del franquismo. 80 años después, sin embargo, la autogestión, entendida en sentido amplio, sigue siendo un concepto que actúa como un importante referente para amplias capas de la población, cuando la misma se moviliza, como fue el caso del llamado Movimiento 15-M, que ha generado, en gran medida, la actual situación política española.
Tras la toma de la Puerta del Sol por las multitudes el 15 de mayo de 2011, tras el ciclo de movilizaciones sociales que se desató inmediatamente después, iniciado por la emergencia de centenares de asambleas populares en pueblos y barrios de toda España, los conceptos de la democracia directa (“una democracia real”) y la autogestión, actuaron como catalizadores de muchas de las experiencias desarrolladas en las luchas sociales subsiguientes.
Las asambleas populares organizaron bancos de tiempo, monedas locales, cooperativas de producción, grupos de consumo agroecológico, redes de intercambio de conocimientos. Proyectos de transformación de índole autogestionaria como la Cooperativa Integral Catalana o el Mercado Social de Madrid; centros sociales autogestionados como el EKO o La Enredadera en Madrid o Tramallol en Sevilla; bancos de alimentos comunales como Er Banco Güeno en la barriada degradada de Palma-Palmilla en Málaga. Hay iniciativas de este tipo en toda la Península, y son mucho más populares y conocidas que años atrás.
La llegada al poder municipal de los llamados “ayuntamientos del cambio”, dirigidos por un sector del movimiento que apostó por el llamado “asalto institucional”, asociándose para ello con partidos políticos nuevos y viejos, ha abierto también la posibilidad de iniciar el debate sobre las posibilidades para la remunicipalización de los servicios públicos privatizados en las décadas anteriores. Ante esa oportunidad, un amplio conjunto de los trabajadores, activistas y vecinos que apoyan dichas remunicipalizaciones está planteando que las mismas se hagan de una manera que permita la construcción de “instituciones del común”, es decir, autogestionadas por los trabajadores y usuarios, generando un nuevo tipo de propiedad, ni privada ni estatal-burocrática, sino comunal-comunitaria. En ese escenario es en el que hay que entender la propuesta de remunicipalización cooperativa del servicio público de limpieza de la ciudad de Madrid presentada por el ICEA, que tiene por objetivo abrir ese debate, y que será presentada en este mismo encuentro mañana.
Desde Solidaridad Obrera, desde una organización de trabajadores que se reclama heredera de la iniciativa de los colectivizadores, entendemos que estos procesos tienen que ser profundizados, desarrollados, fortalecidos, y que nuestro pueblo y nuestra clase tienen que organizarse y empoderarse cada vez más, para que, conociendo el pasado, podamos edificar la sociedad del futuro.
Como decía, en 1937, Alardo Prats y Beltrán de los colectivizadores de Aragón:
“Todas estas muchedumbres de hombres, mujeres y jóvenes tienen en su memoria aún grabado cuanto significa un régimen de opresión y atraso, y ante la realidad actual, el contraste surge poderoso, como supremo argumento, que aniquila toda una época para siempre derrumbada. Cualquier sombra de recelo por el porvenir está lejos de su espíritu. Dan la impresión de que trabajan para la eternidad. Tal es su seguridad en las decisiones que toman, tal es su ahínco en la perfección de los sistemas de trabajo y de organización. Tal es su fe en la victoria.”
José Luis Carretero Miramar
Solidaridad Obrera. (Madrid, España)
Aparecido en Contramarcha nº 73
Diciembre 2016
ÁGORA