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NOTAS SOBRE EL INFORME ANUAL SOBRE LAS VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS SINDICALES

 

El Informe Anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre los derechos sindicales documenta que en 2009 fueron asesinados 101 sindicalistas, lo que supone un 30 por ciento más que en el año anterior.

 

El Informe denuncia además la creciente presión sobre los derechos fundamentales de los trabajadores de todo el mundo debido al impacto, cada vez más profundo, de la crisis económica global en el empleo (1).
De las 101 víctimas contabilizadas, 48 fueron asesinadas en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en México, seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en la República Dominicana, tres en Filipinas, una en la India, una en Irak y una en Nigeria.Los empresarios siguieron recurriendo a presiones y acciones encaminadas a destruir los sindicatos. En varios países, diversas empresas amenazaron a los trabajadores con cerrar las plantas de producción si optaban por organizar o afiliarse a un sindicato. Muchas veces, sencillamente se negaron a negociar con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, sin que las autoridades hiciesen nada al respecto. Algunos códigos laborales fueron enmendados para permitir una mayor “flexibilidad” y para desbaratar los sistemas de seguridad social, lo cual suele tener un impacto importante en el sistema existente de relaciones industriales y redunda en un recorte de los derechos sindicales.
El debilitamiento de las normas del trabajo internacionalmente reconocidas ha supuesto que cada vez más trabajadores se enfrenten a la inseguridad y vulnerabilidad en el empleo: el 50% de la mano de obra global tiene un trabajo vulnerable. Esto afecta a los trabajadores y trabajadoras en las zonas francas industriales, especialmente en el Sudeste asiático y en América Central; a los empleados del servicio doméstico, sobre todo en Oriente Medio y el Sudeste asiático; a los inmigrantes y a los trabajadores/as agrícolas. Conviene mencionar que las mujeres representan la mayoría de la mano de obra en estos sectores. Por otro lado, se ha constatado el crecimiento del empleo informal y el desarrollo de nuevas formas de empleo “atípico”, tanto en las regiones como en los distintos sectores industriales. Las dificultades que encuentran estos trabajadores a la hora de organizarse o de ejercer sus derechos sindicales guardan relación directa con su posición vulnerable en el mercado laboral.
El Informe también pone de relieve muchos casos en los que, aun cuando los derechos sindicales están oficialmente protegidos por la legislación, las restricciones en la cobertura legal y una aplicación débil o inexistente se suman a la vulnerabilidad de los trabajadores que luchan en las profundidades de la crisis. En un gran número de países las huelgas están severamente restringidas o rotundamente prohibidas. Por otro lado, unos procedimientos complejos, la imposición del arbitraje obligatorio y el recurso a definiciones excesivamente amplias de los “servicios esenciales” hacen que el ejercicio de los derechos sindicales resulte a menudo imposible en la práctica, con lo que se priva a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos legítimos a contar con una representación sindical y a participar en acciones industriales.

 

 


Latinoamérica: el continente más peligroso para la acción sindical

Latinoamérica registró en 2009 un número impresionante de asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones y hostigamiento a los trabajadores. El clima prevaleciente de extrema violencia costó la vida a 89 sindicalistas y activistas pro derechos laborales, lo que convierte Latinoamérica en la zona más mortal del mundo
El ranking de países lo ocupó un año más la Colombia del narco-para-presidente Uribe. Así, en 2009 no sólo fueron asesinados 48 activistas sindicales, sino que además el clima antisindical que prevalece desde hace años en el país parece haberse asentado aún más firmemente.
En México persiste la estrategia antisindical del Gobierno. Cuatro miembros del sindicato nacional de mineros perdieron la vida en el transcurso de una larga acción de huelga, mientras que en otros incidentes separados serían asesinados dos dirigentes sindicales, uno de ellos masacrado junto a su familia.
En Brasil aumentaron los actos de violencia contra los trabajadores en el sector agrícola, siendo asesinados tres dirigentes sindicales del sector, así como un activista defensor de los trabajadores rurales.
Los actos de represión contra miembros del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) fueron particularmente duros. Durante todo el año se desarrolló una guerra sucia contra los sindicalistas, produciéndose asesinatos, amenazas de muerte, confinamiento y tortura.
En Honduras, al menos 12 sindicalistas fueron asesinados y 125 arrestados durante la violencia que estalló tras el golpe de Estado. Los empresarios hostiles a la organización de sindicatos desplegaron toda una serie de tácticas antisindicales, incluyendo despidos, acoso y listas negras. Unos 200 trabajadores/as fueron detenidos por ejercer sus derechos (sobre todo en Honduras) y otros 2.000 despedidos (principalmente en Colombia) durante este año. Siguen existiendo también obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales en América del Norte, pese a no resultar tan violentos.
El solidarismo (presente en Costa Rica, Ecuador y Panamá), los contratos de protección (en México) y acuerdos directos con trabajadores no sindicalizados siguen siendo tácticas antisindicales especialmente utilizadas en América Latina. En Costa Rica, el solidarismo está incluso a punto de quedar inscrito en la Constitución (2).
Otra cuestión preocupante es la impunidad que prevalece aún en muchos países, y que pone en entredicho la auténtica voluntad de los Gobiernos para proteger los derechos sindicales y prevenir eficazmente las violaciones. En muchos casos, las fuerzas de seguridad y la policía están incluso implicadas en dichas violaciones. Únicamente una fracción de los responsables de la represión ha sido llevada ante la justicia.
Multitud de trabajadores informales y no protegidos no pueden afiliarse a sindicatos ya sea porque la ley no se lo permite o por presiones de los empleadores. La denegación de derechos sindicales a los trabajadores/as en las zonas francas industriales (maquila), especialmente en América Central, sigue siendo utilizada para impedirles luchar por obtener mejores condiciones de trabajo. Por otro lado, determinadas prácticas de empleo como la subcontratación de mano de obra siguen siendo un importante obstáculo a la sindicalización y la negociación colectiva.
En el ámbito legislativo, las leyes suelen ser restrictivas o bien no protegen adecuadamente los derechos sindicales. Millones de trabajadores y trabajadoras, se ven privados de sus derechos fundamentales. El derecho de negociación colectiva también se ve seriamente amenazado, cuando está reconocido. Debido a la falta de disposiciones legales suficientemente firmes, los empleadores muchas veces se resisten a negociar convenios colectivos, como ocurrió en Trinidad y Tobago. Por otro lado, incluso cuando se cuenta con disposiciones legales, su ineficacia y una implementación inadecuada hacen que resulten insuficientes.

 

Notas:
(1) Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales 2010. Confederación Sindical Internacional(www.ituc-csi.org)
(2) A pesar de su nombre, este movimiento no busca generar solidaridad entre la clase obrera. Su objetivo es crear una armoniosa relación entre trabajo y capital en los centros de trabajo. Su objetivo de largo plazo, es fomentar un “capitalismo popular”, convirtiendo a los trabajadores en propietarios.El solidarismo busca mediatizar, neutralizar y dominar a la clase trabajadora.

Revista “Codo a codo”. Casapueblos. Julio de 2010
http://www.nodo50.org/codoacodo/index.html

Reproducido en Contramarcha 52

Agosto 2010

 

 

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