Imaginen que dejan de pagar una multa de tráfico. Porque no pueden afrontar el importe o simplemente porque se les olvida. Imaginen que la respuesta a esa falta administrativa es retenerles en un centro de internamiento. Que tienen que dormir en el suelo, hacer sus necesidades en botellas de plástico y desterrar la idea de ver a su familia si no es en presencia de un policía.
Ahora dejen de imaginar porque esta situación ficticia ocurre todos los días en los nueve centros de internamiento para extranjeros que existen en España. En estos centros se olvida que estar en situación irregular en este país no es ningún delito, sino una falta administrativa penada con una multa de 500 euros. Sin embargo, a muchas de estas personas se les envía a un centro de internamiento por un periodo de hasta 60 días, donde aguardan a que se complete el proceso legal que les devolverá a su país. Posteriormente, la mayoría son expulsados, lo que dificulta los procesos de investigación judicial de sus denuncias de agresiones policiales y castigos colectivos.
La definición oficial de los Centros de Internamiento para extranjeros (CIE) dice que son espacios no penitenciarios que cumplen la función de facilitar la expulsión de las personas en situación irregular y que lo hacen privándolas de libertad durante un período máximo de 60 días. Su objetivo es acoger a las personas que no han cometido ningún delito pero que no tienen regularizada su situación en el Estado español.
Cuando la definición la tienen que dar quienes pasan miles de horas retenidos allí, la cosa cambia. Para describir la realidad que se vive en estos centros las palabras más utilizadas son: palizas, humillaciones psicológicas, falta de atención médica, abortos provocados por las malas condiciones, insalubridad, hacinamiento, y carencia de tutela judicial efectiva. Y deben ser palabras bien escogidas porque en un informe del Parlamento Europeo los CIEs españoles aparecen entre los peores de la Unión Europea.
Conocemos la teoría, lo que se supone que son los centros de internamiento; pero de lo que ocurre en realidad detrás de sus paredes no sabemos casi nada porque las ONG, la prensa y la sociedad civil tienen el acceso limitado y es prácticamente imposible poder llegar más allá de la sala de visitas.
Ni siquiera los abogados de los internos pueden actualmente hablar en privado con sus defendidos, porque las entrevistas se deben realizar siempre bajo presencia policial. Desconocemos lo que ocurre detrás de las paredes de los centros pero cada vez son más señalados y cuestionados. ONGs como Médicos del Mundo, SOS Racismo, Ferrocarril Clandestino o la plataforma de entidades de ámbito europeo y africano Migregroup han solicitado entrar y acceder a las dependencias del CIE de Aluche, espacio que centraliza gran parte de las expulsiones del Estado español, con el objetivo de velar por los derechos de las personas allí internadas, pero no lo han conseguido.
Por el momento, sólo la Cruz Roja puede entrar en el CIE del barrio de Aluche, que como el resto de los existentes en España, sirve como centro de detención temporal de personas indocumentadas que han agotado sus permisos de residencia o trabajo y han permanecido en territorio nacional o que no cumplen con la Ley de Extranjería. Personas que en lugar de encontrar una mano tendida en su precaria situación han hallado un castigo: la reclusión y el aislamiento de la sociedad. El CIE de Aluche suele acoger hasta a 280 personas en celdas para entre seis y ocho detenidos. Allí permanecen un máximo de dos meses (60 días) hasta que son deportados a su país. En este centro, ni siquiera existe una habitación de enfermería donde tratar a los internos enfermos.
Sí existe un horario oficial: a las 8.30, desayunan. Hasta las 13.00, los internos suben a los módulos desde donde salen para distintas actividades: consulta médica, visitas de abogados, entrevistas consulares o entrevistas con el Servicio de Orientación Jurídica de Extranjería . A las 13.00, el almuerzo; una siesta en el módulo y hasta las 19.00, los internos pueden ir al salón de día y al patio o recibir visitas de su familia. A las 19.00, la cena. Y a las 20.15, de vuelta a los módulos, a medianoche, se apagan las luches.
Ése es el horario oficial, pero la teoría cambia dependiendo de quién nos la explique...
Gracias a la valentía de varios internos del CIE de Aluche; un centro construido sobre la antigua cárcel de Carabanchel; que escribieron una carta para hacer pública su situación podemos saber cómo es un día allí: las actividades que promete el horario oficial son esporádicas así que cuando no se organizan, los internos deben permanecer hacinados en las habitaciones. Miles de personas durmiendo en el suelo, encerradas de doce de la noche a ocho de la mañana, sin poder salir ni siquiera para ir al baño, bajo la custodia de cámaras, con una limpieza deficiente o directamente inexistente, y con una asistencia insuficiente para la población recluida que supera la capacidad fijada para el centro. Cuando en el patio no caben todos los internos, les toca quedarse en sus habitaciones o en el pasillo. Incluso el Defensor del Pueblo ha denunciado las condiciones en los CIE del Estado español afirmando que el sistema es excesivamente estricto, propio de un régimen típicamente penitenciario, con estancia casi permanente en las celdas y unas condiciones higiénicas deplorables dándole la razón a algunos de los internos que afirman que “en la cárcel se está mejor”.
Los centros de internamiento para extranjeros no tienen un régimen interno desarrollado legalmente ni cuentan con protección judicial. El control de los derechos de los internos recae exclusivamente sobre la Dirección General de la Policía. Sólo la policía y los internos pueden acceder al interior del centro, y ellos, impiden la entrada de colectivos que puedan defender los derechos de las personas allí retenidas. El régimen de visitas es muy estricto, sólo 5 minutos bajo la presencia de un policía, violando la más mínima intimidad del interno y su familia.
El hecho de que la Cruz Roja pueda entrar en el centro de internamiento de Aluche y, dentro de poco en algunos más poco o nada cambia. El Gobierno anuncia que es la primera vez que una ONG podrá trabajar de manera permanente en uno de estos centros pero Cruz Roja es una entidad particular que no responde a los rasgos de una ONG. Cruz Roja colabora con las Administraciones Públicas, lo que implica que tenga un compromiso de confidencialidad con ellas, que se traducirá en que probablemente siga sin haber transparencia respecto a lo que pasa en el CIE de Aluche y en los demás.
¿Por qué no hay denuncias?
Aunque son centenares las personas que aseguran haber sufrido maltrato y tratos humillantes en los CIEs no denuncian los hechos primero porque carecen de papeles de residencia y no se atreven y segundo porque si se atreven, son deportados rápidamente.
A eso se une la preocupación de los internos por la denuncia de que ha habido represalias contra los que osaron reunirse con las organizaciones de derechos humanos.
España es uno de los primeros países de Europa que adoptó en su legislación nacional la “Directiva del Retorno” que dice que “los Estados deberán legalizar a los inmigrantes o pedirles que se vayan, para lo que se dará un periodo de salida mínimo de 7 días. Si no se van, los Estados tendrán que expulsarlos, pero con garantías jurídicas y primando los intereses de los menores y las familias. La retención se limita a un máximo de 6 meses, que puede extenderse en ciertos casos hasta 12 meses más. Además, los países de la Unión Europea tendrán que proporcionar asistencia legal a los inmigrantes sin recursos, en función de las distintas legislaciones nacionales”.
La “Directiva del Retorno” estableció en un plazo máximo de 18 meses el tiempo de detención de un extranjero por carecer de papeles de residencia. Poco después el Gobierno Español amplió de 40 a 60 días el plazo máximo de detención de inmigrantes en España, tiempo durante el que pueden ser privados de libertad y retenidos en los Centros de internamiento. Si al finalizar ese plazo el extranjero no ha sido expulsado a su país de origen entonces debe ser puesto en libertad.
En muchos casos los detenidos pasan una noche en los CIEs y salen de ellos con una orden de expulsión, con una multa de 300 euros y con el alma en vilo sabiendo que su estancia en España pende de un hilo. No es oficial pero siempre se ha sabido que en el caso de latinoamericanos las expulsiones se producen con cuentagotas ya que España debe pagar el pasaje de regreso. Por nacionalidades los bolivianos encabezan la lista de latinoamericanos que pasan por los CIEs.
La retención en los CIEs es considerada ilegal por juristas y asociaciones de defensa de los derechos humanos que ya han denunciado en varias ocasiones que estos centros son verdaderas cárceles y que denuncian las prácticas de los estados en esta Europa de los derechos: deportaciones masivas, redadas selectivas, prácticas administrativas de denegación de derechos a los inmigrantes...
Un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) elaborado sobre los CIEs de Madrid, Valencia y Málaga señala que un 32% de los internos habrían sufrido malos tratos físicos y verbales, y un cuatro por ciento de ellos torturas a manos de funcionarios.
La situación es peor de lo que podamos imaginar. En el CIEs de Aluche (Madrid) y en el de Zona Franca (Barcelona) ya han muerto dos personas. La primera, una mujer de 41 años que ingresó en el centro por no tener su documentación y permiso de residencia en regla. Era originaria de la República Democrática del Congo y falleció de meningitis después de ser trasladada horas antes al hospital 12 de Octubre. El segundo, era un ciudadano de Guinea Conackry que fue detenido por las autoridades el 5 de diciembre cuando intentaba saltar la valla que marca la frontera entre Melilla y Marruecos, que pasó a disposición judicial el 23 de diciembre y fue trasladado poco después a la Península para su expulsión desde el CIE de Barcelona, donde pereció, parece ser que por un paro cardíaco, la noche del 5 de enero.
Muchas voces se han alzado contra estos centros y han pedido reuniones con la Delegación de Gobierno sin obtener más resultados que las negativas, por ejemplo, de Ana Botella y su afirmación de que “esas acusaciones caen sobre la honorabilidad de los policías”. No quiere escuchar las peticiones de que se cierren progresivamente los nueve centros de internamiento que hay en España y que se sustituyan por otros equipamientos que garanticen unas condiciones mínimas a los ciudadanos extranjeros insuficientemente indocumentados.
Porque no hay que olvidar que las personas retenidas en los centros de internamiento están allí por su situación irregular. Su delito es no tener papeles. Y ese delito se pena con la reclusión dando lugar a cárceles sin delincuentes porque los centros de internamiento son las únicas instituciones de los Estados Europeos creadas exclusivamente para personas extranjeras. Desde hace años en los CIEs se producen sistemáticas violaciones de los derechos humanos ignoradas por la población.
Porque ser inmigrante no está bien visto y algunos quieren convertir el buscarse la vida en un crimen. Un crimen que se castiga o despenaliza según el mercado demande mano de obra. Reduciendo a miles de personas al status de cosas que estorban y deben ser apartadas y privadas de sus derechos. Personas que tienen menos derecho a moverse por Europa que las mercancías que fabrican por salarios de risa. Personas a las que la Unión Europea persigue con la directiva de la vergüenza en la mano, una Directiva Europea que pretende prolongar la detención en los Centros de Internamiento hasta los 18 meses que se empeña en borrar a los inmigrantes del mapa utilizando todos los elementos de represión que tiene a su alcance.
La existencia de los centros de internamiento pone de manifiesto la brutalidad y violencia de las leyes de extranjería del sistema, leyes de esclavitud moderna encubiertas al servicio del mercado. El mismo mercado que hace poco reclamaba su presencia como mano de obra barata y que después de utilizarlas y destrozarlas las tira a la basura. Los Centros de Internamiento no pueden convencernos de que existen personas- basura. Ningún ser humano es ilegal.
Jara K.
Aparecido en Contramarcha nº 60
Mayo 2012
ÁGORA