1934. Madrid. Puerta del Sol. Huelga General
1934. Madrid. Puerta del Sol. Huelga General
A mediados de la tarde del cuatro de octubre de 1934 quedó constituido un nuevo gobierno de la Segunda República Española, del que formaban parte tres miembros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y al que las organizaciones obreras responderían con una insurrección. El 5 de octubre la huelga era general en todas las ciudades del país, pero prácticamente no se siguió en el campo, como consecuencia del desgaste sufrido por las organizaciones campesinas tras la huelga general que habían realizado en junio de 1934. La movilización adquirió así un marcado carácter urbano. Se produjeron dos procesos revolucionarios diferenciados: la iniciativa socialista de una huelga general insurreccional y la «nacionalista» de la Generalitat de Cataluña. Pero hubo gran variedad de manifestaciones regionales y locales, desde la huelga pacífica a la insurrección y la revolución social, según la fuerza, organización, posición política y táctica de las organizaciones que participaron.
Madrid: capital y centro del poder
Madrid era la capital de la República y el centro del poder político y, por esto, según un dirigente socialista de la época, «se repetían, insistentemente las mismas palabras que en diciembre de 1930, cuando lo de Jaca: "Y ¿Madrid?, ¿Que hace Madrid?" (1). Y es que en el intento insurreccional republicano de diciembre de 1930, en Madrid no se llegó ni a dar la orden de huelga general. Pero en octubre de 1934, frente a las interpretaciones tradicionales que dicen que prácticamente nada pasó, la huelga general duró hasta el 15 de octubre –tras Asturias- la de más larga duración en España. A finales de la tarde y primeras horas de la noche del 4 de octubre, comenzó a circular la orden de huelga general y miembros de las milicias socialistas de Madrid se reunieron en diferentes puntos de la capital. El paro se extendió por los distintos sectores industriales y servicios públicos y los milicianos socialistas atacaron, principalmente en los primeros días de huelga, centros destacados del poder político y medios de comunicaciones. Otra cosa es que no tuvieran éxito por las limitaciones que tenían las milicias, como la escasez de armas o su escaso número frente a las fuerzas del orden, y la rapidez y eficacia de la acción del gobierno.
La insurrección del 8 de diciembre
Más allá de los hechos concretos que sucedieron en Madrid en octubre, la insurrección no surgió de la nada y sus consecuencias se extendieron mucho más allá del fin de la insurrección en todo el Estado. Las elecciones de noviembre de 1933 habían dado el triunfo a las derechas representadas por el Partido Radical y la CEDA. En un primer momento esta última se limitó a apoyar desde las Cortes a los gobiernos formados por el Partido Radical. La dirección de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que había mantenido una postura abstencionista ante la convocatoria de las elecciones, reaccionó frente al resultado electoral con un intento insurreccional el 8 de diciembre, coincidiendo con la apertura de las Cortes. Y es que la opinión de la CNT sobre un gobierno de «las derechas» no difería de la de las otras organizaciones obreras: la Regional de Centro de la CNT declaró que «las llamadas derechas no significan otra cosa (…) que un preludio, un avance fascista» (2). El fracaso de su acción llevó a las organizaciones anarcosindicalistas a replantearse su estrategia y táctica insurreccional, mientras que en los sectores izquierdistas del Partido Socialista (PSOE) reforzó la idea de que el único modelo práctico útil era el bolchevique ruso: la insurrección de la clase obrera debía producirse por medio de una insurrección armada realizada mediante un ejército propio (las milicias), que lograba el apoyo o al menos la neutralidad de las fuerzas de orden público y del ejército, y que se apoyaba en una huelga general.
Las derechas revocan las reformas
Con los gobiernos configurados debido a la nueva composición de las Cortes se inició un proceso de paralización o de revocación de las medidas reformistas llevadas a cabo en el primer bienio republicano. Se decidió pagar parte de los salarios del clero secular, aunque las Cortes Constituyentes habían determinado que ya no se destinaría dinero del Estado al pago de los sueldos de los sacerdotes. Se aprobó una ley por la que se devolvieron a las órdenes religiosas las propiedades ya confiscadas. La ley de congregaciones religiosas -que prohibía la posesión de centros educativos a la Iglesia- fue ignorada y las escuelas de la Iglesia funcionaron normalmente. En abril de 1934 se amnistió a los implicados en la intentona golpista de Sanjurjo del 10 de agosto de 1932. El decreto de amnistía permitía, además, la reintegración al servicio activo de los militares sublevados. El gobierno llegó a aprobar en abril de 1934 un proyecto de ley para el restablecimiento de la pena de muerte, que fue rechazado por las Cortes. En los pueblos se volvió a la discriminación en la contratación de los trabajadores en contra de los miembros de los sindicatos de izquierda y se pusieron trabas a la reforma agraria. En enero se suspendió la Ley de Términos Municipales, que fue derogada en mayo. Esta ley había sido establecida para evitar la discriminación por razones de afiliación sindical en la contratación de jornaleros y trabajadores agrícolas en general: prohibía, por ejemplo, la contratación de trabajadores de otros pueblos mientras hubiera un determinado número de desempleados en el pueblo en el que se desarrollara el trabajo. Se usaron los jurados mixtos, los organismos de negociación laboral creados por la República, para reducir los salarios y tomar medidas favorables a los patronos, y se inició una sistemática destitución de ayuntamientos dirigidos por organizaciones de izquierda. Así, las medidas del primer bienio republicano, que intentaban realizar reformas que ya se habían producido en otros países europeos con bastante anterioridad (por ejemplo, la separación de la Iglesia y del Estado, o las reformas sociolaborales (que seguían las recomendaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo desde finales de la Primera Guerra Mundial) fueron defendidas después de las elecciones de 1933 hasta por organizaciones que las habían rechazado por «tibias», como el Partido Comunista (PCE).
1934. Madrid. Alijo de armas
La situación en Madrid
En cuanto a Madrid en concreto, se ha planteado que el periodo anterior a octubre fue el de las mayores conquistas de la clase obrera y el de los mayores logros unitarios entre los sindicatos madrileños llamados entonces «de clase». Aunque en las huelgas del invierno de 1933-34, especialmente en las de los obreros de la construcción y de la metalurgia, los trabajadores habían conseguido importantes mejoras, el estudio del periodo comprendido entre marzo y octubre de 1934 muestra que las nuevas bases de trabajo –el equivalente a los actuales convenios colectivos- no eran cumplidas en la práctica por los patronos, de lo que se quejarían los sindicatos y lo que produciría huelgas en diferentes empresas en el verano de 1934. Además, aunque no hay estadísticas fiables, también se percibía que los precios de los productos de primera necesidad aumentaban, mientras el desempleo no paraba de crecer, principalmente en la construcción, el sector que más obreros agrupaba y que por su importancia, tenía gran influencia en la situación de otras industrias y del sector terciario. La unidad de acción entre los sindicatos obreros tampoco cuajó y en el verano de 1934 se produjeron enfrentamientos importantes entre las organizaciones ugetistas y cenetistas que más habían actuado conjuntamente: las de la edificación y las de la metalurgia.
Por otra parte, durante todo el periodo anterior a octubre de 1934 se sucedieron enfrentamientos violentos, principalmente entre jóvenes de diferentes ideologías, que produjeron numerosos heridos, varios muertos, manifestaciones y propuestas de huelgas de protesta. Destaca el asesinato de una joven socialista -Juanita Rico- por parte de falangistas en junio y de un dirigente de la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), Joaquín de Grado, en agosto. La influencia que estos asesinatos tuvieron en el conjunto de los trabajadores madrileños se refleja, por ejemplo, en el hecho de que CNT, a pesar de los durísimos ataques mutuos que se dirigía con los comunistas, informó del asesinato del joven comunista bajo el título «¡Fascismo sangriento!», y dijo que los trabajadores no debían «consentir» que este tipo de hechos se repitieran (3). Tras el asesinato de Grado, hubo por primera vez una respuesta unitaria y la Juventud Comunista, la Juventud Socialista Madrileña y las Juventudes Libertarias, junto con numerosos sindicatos de oficio, realizaron un llamamiento conjunto pidiendo a los trabajadores que asistieran al entierro como forma de protesta.
En este contexto económico, social y político sí que se explica que los trabajadores madrileños creyeran que la situación sería mucho peor con la entrada de la CEDA en el gobierno y que esto les llevara en octubre a mantener la huelga, a pesar del fracaso de la insurrección en Madrid y de que desde el inicio de ésta tanto desde organismos públicos como desde empresas privadas se comunicara que se despediría a los obreros que no se reintegraran a sus trabajos.
España en el contexto europeo de la época
Aunque hay cierta tendencia a hablar de la particularidad de la historia de España, Octubre no se explica sin su relación con el contexto europeo. El periodo de entreguerras fue una época de crisis de los sistemas liberales parlamentarios y de auge de los movimientos fascistas. Esto implicó una revalorización del ejemplo de la revolución bolchevique rusa en importantes sectores sociales de toda Europa, al aparecer la URSS como un país «inmune» frente al fascismo. Por ejemplo, en España, las juventudes de los partidos republicanos de izquierda se quejaban, ya en 1933, de «la labor antirrepublicana y antipatriótica» del gobierno y declaraban su disposición a lanzarse a la calle unidos «a los proletarios», porque «antes que Alemania, preferimos para nuestro país un régimen análogo al de Rusia» (4).
Los sucesos europeos se siguieron con mucha atención. Y tan o más importante que la subida de Hitler al poder fue la evolución de Austria desde el mismo año de 1933. En este país, un gobierno socialcristiano presidido por el canciller Dollfuss y nombrado por un parlamento elegido democráticamente acabó suprimiendo ese mismo parlamento en marzo de 1933. A partir de ese momento inició una política de supresión de los derechos democráticos y de las reformas sociales que se habían desarrollado desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Y el Partido Socialdemócrata Austríaco, junto con el alemán el más importante en la Europa de entreguerras, no fue capaz de reaccionar hasta muy tarde, en febrero de 1934, cuando ya no tenía ninguna posibilidad de éxito. Austría fue identificada con un estado fascista ya en 1933, y José María Gil Robles, el líder de la CEDA, fue identificado con Dollfuss. CNT, por ejemplo, consideraba que los terratenientes, industriales y banqueros «tienen más confianza en el fascismo de incensario de Gil Robles que en el fascismo de porra de Primo de Rivera» (5). Pero esta identificación no se dio sólo entre las organizaciones obreras y se explica por la actitud ambigua de la CEDA y de Gil Robles, empezando por su negativa a reconocer a la República, sus referencias a un nuevo Estado basado en la tradición y en el aplastamiento de los marxistas, sus exaltaciones de la antidemocracia o su expresión pública de admiración por el mismo Dollfuss, por Mussolini o por el dictador portugués Salazar. Incluso el programa aprobado por la Asamblea Nacional de las Juventudes de Acción Popular, la organización juvenil de la CEDA, en abril de 1934, era más cercano al autoritarismo de Dollfuss que a una derecha católica democrática.
El análisis de la situación española se hará así en función no sólo de la situación nacional, sino de la internacional: esto implicaba la conclusión de que había que actuar antes de que la situación fuera más desfavorable para las organizaciones de izquierda, frente a fracasos como la inacción alemana o la acción tardía austríaca. Todos los periódicos de la izquierda obrera, tanto nacionales como locales, se hicieron eco de las luchas en Austria en febrero de 1934, influyendo en las percepciones de militantes y simpatizantes. Por ejemplo, un sargento del Regimiento de Artillería, al parecer simpatizante anarcosindicalista, escribiría en una carta en abril de 1934 que «nos encontramos los españoles en una situación análoga a la que precedieron los luctuosos crímenes en masa contra nuestros hermanos austríacos» (6).
Unidad obrera ante el fascismo
Esta visión común del «peligro fascista» hizo que se sucedieran propuestas de «unidad obrera». En diciembre de 1933 se formó la Alianza Obrera de Cataluña, compuesta por el Bloque Obrero y Campesino - un pequeño partido comunista heterodoxo cuya fuerza se centraba en Cataluña-, las organizaciones socialistas y otros grupos de la izquierda catalana. Pero la extensión de estas alianzas en el resto del Estado tropezó con la oposición de la CNT y el PCE –este último no aceptó participar hasta septiembre de 1934- y con el escaso papel que le daban las direcciones del PSOE y de la Unión General de Trabajadores (UGT), no dispuestas a perder el control ni el protagonismo en la acción. Aunque las organizaciones anarcosindicalistas no estuvieron al margen de las presiones unitarias de los trabajadores, este debate se mezclaba con el enfrentamiento entre los faístas y la corriente reformista o treintista. La postura con relación a las Alianzas Obreras estará determinada en gran parte por el alcance de esta división: donde había culminado con la escisión o era tradicional el enfrentamiento con los socialistas (Cataluña, Aragón, Andalucía,…) predominó el aislacionismo; mientras las zonas como Asturias y Galicia, en las que no se había llegado a la escisión pero sus miembros estaban más próximos al treintismo, serán más proclives a la unidad de acción con la UGT. Pero las posturas aliancistas sólo triunfaron en Asturias, donde se firmó un pacto entre los dos sindicatos en marzo de 1934. La posición de la Regional de Centro de la CNT se puede caracterizar de muy ambigua: en el pleno nacional de febrero de 1934 su representante dijo que ante el «inminente peligro fascista (…) deben unificarse todas las fuerzas para inmediatamente ir a una insurrección armada». Por esto, propuso que se aprobase «ir mancomunadamente a la revolución social, siempre que la U.G.T. se disponga a enfrentarse en la vía pública, campos y fábricas con la reacción y el fascismo», aunque sólo votaron a favor de esta propuesta las regionales de Centro, Asturias, Galicia y Baleares. Pero en el pleno de junio de 1934, en el que se condenó explícitamente la alianza asturiana, la Regional de Centro no se salió de la «disciplina» de la CNT: «tal vez su criterio podría ser muy parecido al sostenido por Asturias», pero «jamás ha pasado por su imaginación vulnerar los acuerdos del Pleno anterior» (7).
Ni siquiera la Federación Anarquista Ibérica (FAI) se vio libre del debate sobre el frente único que llenó en 1934 la prensa obrera, como refleja la correspondencia entre su Comité Peninsular (CP) y el Comité de Relaciones de Centro. En febrero de 1934, este último consideraba que había que participar en una «plataforma de acción común» para no «divorciarse» del «sentir común» de la regional e «influir en el desarrollo y la orientación de los acontecimientos». Aunque contrario a esta posición, el CP decía que se respetarían «los acuerdos y decisiones de las distintas regionales, para evitar que se produzca una escisión en el seno de nuestras organizaciones». Pero cuando el Comité de Relaciones de Centro informó, en abril de 1934, de estar elaborando un contraproyecto de «unidad revolucionaria» para enviar a los socialistas como respuesta a una propuesta de éstos, el CP les contestó, en términos muy duros, que estaban completamente equivocados, y ya no aceptaría ninguna propuesta de acción conjunta con los socialistas (8).
1934. Madrid. Alijo de armas en la Casa del Pueblo
La unidad en Madrid
Las organizaciones anarcosindicalistas madrileñas secundaron la huelga general en octubre de 1934: la CNT había vivido un continuo crecimiento en la capital de España en los primeros años de la República y a la altura de 1934 ya había algunos sectores industriales (especialmente la construcción) en los que una huelga no podía tener éxito sin la participación de los militantes cenetistas. Parece claro también que en algunos casos colaboraron con socialistas y comunistas en la lucha insurreccional: las organizaciones comunistas, que criticaron duramente a los anarcosindicalistas en sus valoraciones de los sucesos de octubre, dirán también que, además de en Asturias, en algunos otros sitios, destacando Madrid, habían luchado juntos socialistas, comunistas y anarquistas, especialmente los jóvenes. Públicamente, los dirigentes nacionales de la CNT justificaron su inhibición calificando la revolución de octubre como el resultado de «la iracundia que estalló en los socialistas al ser arrojados del poder», criticando su forma de preparación y defendiendo que si la huelga fue general fue porque la CNT la secundó. En cuanto a Madrid en concreto se criticó a los socialistas por no haber estado dispuestos a compartir información y armas y a desarrollar una acción conjunta con otras organizaciones (9). El Comité Revolucionario de Centro (10) -constituido, al conocerse la convocatoria de huelga general, por el Comité de Defensa de la CNT y la FAI de Centro, una representación de la Federación Local de Sindicatos Únicos de la CNT (FLSU), otra de la Federación Local de Grupos de la FAI y otra del Comité Regional de Centro, mantuvo en los primeros días de huelga dos reuniones con miembros de la UGT e intentó que ésta les facilitara armas, lo que no consiguió y, finalmente, el día 12, «un delegado de la UGT expuso que el criterio de Largo Caballero era que en esos momentos ya no le interesaba la lucha en conjunto».
Diferencias en la Confederación
Pero los intentos de coordinación con los socialistas se vieron dificultados en Madrid no sólo por la desconfianza mutua entre socialistas y anarcosindicalistas, sino también por las diferencias sobre la participación anarcosindicalista dentro de las mismas filas confederales, como muestran los informes procedentes de estas organizaciones sobre su actuación durante los días de la insurrección.
El comité revolucionario de Centro redactó un manifiesto en el que se decía que «si los socialistas traicionaban al pueblo, la CNT estaba dispuesta a hacerse cargo del movimiento», dirigiéndolo hacia el comunismo libertario. Pero el comité regional consideró que no se podían «hacer responsables» de esta decisión por no estar «aprobada por los Sindicatos». Según denunció el comité revolucionario, el consejo de redacción de CNT se negó a nombrar una persona que formara parte del comité revolucionario por considerar que la CNT no debía participar en un movimiento de «carácter político», mientras dio informes parciales o falsos al Comité Nacional, establecido en Zaragoza, sobre la situación en Madrid. En septiembre de 1935 tres militantes de la CNT madrileña responsabilizarían concretamente de estas posiciones a García Oliver. El 9 de octubre de 1934 se celebró una reunión con delegados del Comité Nacional de la CNT, de la Regional de Aragón, Rioja y Navarra y de Levante en la que el comité revolucionario de Centro propuso que la CNT elaborase un manifiesto declarando la huelga general en toda España, ya que consideraba que había adquirido un carácter social y que era la única forma de ayudar a los cenetistas asturianos, pero no se acordó ningún paro.
Según el Comité Regional de Centro, no había «suficientes regionales para tomar acuerdos», aunque reconocía que «los compañeros se batían en Madrid, Asturias y Norte». Para el Comité Revolucionario había una mayoría favorable a actuar ya que la organización canaria también habría apoyado por teléfono la participación, y debía asumirse, dada su actuación, que las regionales gallega, asturiana y del norte también eran favorables, a lo que se sumaba la postura a favor de las presentes (Levante, Aragón y Centro), por lo que sólo faltaba conocer la opinión de Cataluña y Andalucía. El 11 de octubre el comité revolucionario editó otro manifiesto animando a todos a la lucha, pero, sintiéndose desautorizado, se disolvió tras la última reunión con la UGT.
Aunque el 28 de diciembre de 1935 se acordó «rehabilitar» a García Oliver y no adoptar tampoco ninguna medida contra quienes le acusaban, ya que el Comité Nacional consideraba que todos habían incurrido «en excesiva buena fe, aunque interpretando las cosas de forma distinta», los implicados mantuvieron sus versiones. García Oliver demostró que él sólo había hablado con la regional catalana y no con el Comité Nacional y reconoció que el primer día de huelga había intentado que CNT se publicará. Pero nadie negó que la regional catalana había reconocido haber recibido noticias de Centro diciendo que no pasaba nada, o que en la redacción de CNT se habían encontrado unas notas sobre una conferencia con Zaragoza en las que se decía que en Madrid la huelga era «platónica» y en «Asturias hay algunos focos revolucionarios que durarían unos tres días».
La lucha contra represión
Las consecuencias de octubre fueron muy importantes: despedidos, detenidos, destitución de ayuntamientos, suspensión del funcionamiento de las organizaciones obreras o clausura de sus locales. Pero las organizaciones obreras contaban todavía con fuerza y recursos, una legislación social a la que podían recurrir y contactos en distintos ámbitos del poder político que utilizaron para atenuar las consecuencias de la represión. La represión en Asturias fue brutal en los primeros días después del fracaso de la insurrección y posteriormente se ejecutarían varias condenas a muerte. Pero otras serían evitadas por la movilización obrera, y el indulto a los condenados a muerte asturianos enfrentaría a los partidos conservadores y provocaría varias crisis de gobierno.
Los sindicatos no consiguieron durante 1935 evitar el encarcelamiento de muchos de sus miembros, que se repusiera a los obreros despedidos por participar en la huelga en octubre o que no se suspendieran numerosos ayuntamientos de izquierda. Pero, al menos en Madrid, utilizaron la legislación existente –especialmente la Ley de Asociaciones de 1932- y sus contactos en las instituciones públicas para conseguir relegalizarse y abrir casi todos sus locales. La preocupación por la relegalización fue mayor entre las organizaciones socialistas, menos habituadas a la clandestinidad, que entre anarquistas y comunistas. El interés por lograr la apertura de los locales –y el logro de esta apertura- fue común. Un informe de la FLSU de Madrid sobre la situación de sus sindicatos, de febrero de 1935, decía que «los sindicatos potentes, pasada o atenuada la represión, han logrado reorganizarse en la clandestinidad» y entre mayo y junio de 1935 se autorizó la apertura del local de los sindicatos de la CNT en la calle Desengaño de Madrid (11).
También intentaron mantener informados a sus miembros y darles instrucciones, como muestra la octavilla conjunta de los sindicatos metalúrgicos de Madrid -Sindicato Único del Ramo de la Metalurgia (Oposición en la CNT), Sindicato Único de la Metalurgia (CNT) y Sindicato Siderometalúrgico Provincial (UGT)- en que se pedía que no se cumpliera el decreto que restablecía la jornada de cuarenta y ocho horas en dicho sector. Ya una circular del Sindicato Único de la Construcción de Madrid (CNT) del mismo mes de octubre de 1934 decía que «los contratos de trabajo siguen y seguirán en pie totalmente íntegros mientras los trabajadores queramos. Podemos en momentos excepcionales pararnos en el camino de las reivindicaciones inmediatas. Retroceder ¡Jamás!» (12). Las organizaciones ugetistas, además, lograron mantener su representación en algunas instituciones, destacando el mantenimiento de los vocales obreros en los jurados mixtos: cuando el gobierno quiso renovarlos, a partir de septiembre de 1935, fue la postura de las organizaciones de la UGT la que paralizó esta renovación.
Es muy posible que esta situación se viera facilitada en Madrid por cuestiones internas de la estructura de las asociaciones obreras: Madrid era, por ejemplo, la sede de las direcciones nacionales de las diferentes organizaciones, con excepción de las anarcosindicalistas, que tenían su sede en Zaragoza. Las dificultades pudieron ser mayores en otras provincias pero la falta de estudios regionales o locales sobre el funcionamiento de las organizaciones obreras durante este periodo hace imposible generalizar sobre este proceso. Es muy probable también que más que la legislación en sí misma, en lo que sucediera en otras zonas influyera la intensidad de la represión que se había sufrido y las características, tanto socioeconómicas y políticas como de simple número de habitantes y de militantes, de las diferentes zonas. La Federación Provincial de la Industria de la Edificación de Asturias diría, recién en enero de 1936, que estaba haciendo las gestiones necesarias para relegalizar todas sus secciones a partir de la Ley de Asociaciones de 1932. Y en cualquier lugar de España, abiertos los locales en los pequeños pueblos, donde era fácil que los obreros fueran reconocidos y se informara a sus patronos, se podía plantear el problema que explicaba a la Ejecutiva de la UGT la Casa del Pueblo de Manzanares, en Ciudad Real: los afiliados no asistían «porque tienen miedo de que se les expulse de sus trabajos» (13).
La revolución de octubre como referente
Octubre siguió siendo un referente principal para las organizaciones obreras durante la guerra civil: en un informe sobre el personal del periódico Ahora y de la Editorial Estampa de 15 de agosto de 1936 se hablaba de quienes habían sido «traidores en la huelga de octubre» y muchos de los miembros de las milicias socialistas que actuaron en octubre de 1934 aparecen entre los milicianos que defendieron Madrid en 1936. También hubo muchos austríacos que, huyendo de la represión en su país, participaron en la defensa de la República Española14. Y es probable que fueran los sucesos de octubre y sus consecuencias los que permitieran a las organizaciones obreras preservar el espíritu de movilización que facilitó la fuerte resistencia que opusieron al golpe militar de julio de 1936.
Y dado que estamos viviendo un proceso «revisionista» de la historia de la República y de la guerra civil desde ciertos sectores publicísticos y mediáticos, hay que destacar también que Octubre no fue el inicio ni siquiera la antesala de una guerra civil inevitable: la represión posterior a octubre, la actividad de las organizaciones obreras tras el fracaso de la insurrección, las medidas del Frente Popular contra las consecuencias de la represión, el control del PSOE por parte del sector centrista del partido, los resultados del congreso de la CNT de mayo de 1936 o la política de Frente Popular realizada por el PCE muestran que en la primavera de 1936 desde las organizaciones de izquierda no se planteaba una «revolución». La conflictividad de la primavera de 1936 no tiene que ver con Octubre ni con ningún intento revolucionario. Forma parte de un ciclo de protesta nuevo en el que las organizaciones obreras buscaron mejoras económicas y sociales al considerar que el triunfo del Frente Popular les abría nuevas oportunidades políticas. Este aumento del número de huelgas también se dio en Francia tras el triunfo del Frente Popular francés, por lo que, como en otros casos, se debería estudiar este periodo en relación con fenómenos similares europeos. En definitiva, si hubo un nuevo «ciclo revolucionario» en España se inició con el comienzo de la guerra civil. Producida por el fracaso de un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente elegido, el inicio de la guerra hundió las estructuras de poder republicanas e inicio un nuevo proceso revolucionario.
Artículo para Solidaridad Obrera de Sandra Souto Kustrín
(Instituto de Historia, CSIC).
ÁGORA