Día 23 de junio. 19:00h Puerta del Sol a Ministerio de Justicia.
El pasado 1 de junio de 2018, saltó la noticia de la sentencia a los ocho jóvenes de Alsasua (Navarra): la Audiencia Nacional les ha condenado a penas entre 13 y 2 años de cárcel, sumando 79 años.
Recordemos que todo parte de una pelea de bar en una noche de fiestas en el pueblo de Altsasu, en octubre de 2016, entre varios jóvenes y un par de guardias civiles fuera de servicio con sus parejas, con resultado de contusiones y una lesión de tobillo, como único daño reseñable.
Ese episodio es convertido, por obra y gracia de las fuerzas represivas, jaleadas por el gobierno a través del ministerio de ‘justicia’ y la fiscalía, en un atentado terrorista, con lo que el incidente, en lugar de sustanciarse judicialmente en los juzgados territoriales correspondientes, es transferido a la Audiencia Nacional, al tiempo que la fiscalía solicita hasta 375 años de cárcel para los jóvenes implicados.
Tamaño despropósito jurídico ha dado lugar el rechazo prácticamente unánime de la sociedad de Altsasu y en general de Navarra, expresado en masivas movilizaciones ciudadanas, así como protestas a lo largo y ancho del estado. La última celebrada este pasado sábado en Pamplona con más de 80.000 manifestantes.
La propia sentencia descarta el delito de terrorismo, probablemente porque los jueces eran conscientes de la insensatez de la acusación, que sería desmontada en los tribunales de derechos humanos europeos en caso de recurso. Pero a cambio, la sentencia amplía arbitrariamente la tipificación de los hechos para, en definitiva, seguir convirtiendo lo que a lo sumo podrían ser lesiones, en unas condenas desmesuradas por atentado, lesiones, desorden público y amenazas con agravante de superioridad y odio.
El despropósito en primer lugar es la permanencia de la causa en la Audiencia Nacional, una vez reconocida la improcedencia de la acusación de terrorismo, y la cuestión es ¿por qué ese ensañamiento del aparato judicial con estos jóvenes? La respuesta es clara: la condena es un castigo colectivo al rechazo la presencia de los cuerpos represivos estatales en su territorio, en particular la guardia civil.
No podemos permanecer impasibles ante estas arbitrariedades e injusticias: Hoy es Alsasua, mañana será cualquier otra forma de protesta o disidencia la que se criminalice, como viene ocurriendo una y otra vez contra raperos, tuiteros, sindicalistas, manifestantes, etc. El objetivo del poder es una ciudadanía sumisa, amedrentarnos para imponernos sus políticas neoliberales.
El pueblo de Alsasua debe saber que nos solidarizamos plenamente con su lucha contra esta injusticia. Por ello llamamos a toda la clase obrera de Madrid en general, y de Metro en particular, a mostrar su solidaridad acudiendo a la manifestación de rechazo a esta sentencia, el sábado 23 de junio, a las 19:00h, desde Sol al Ministerio de Justicia.
Desde la Plataforma de apoyo a Altsasu de Madrid, de la que Solidaridad Obrera forma parte junto a otros sindicatos y colectivos, pedimos a todos los colectivos, entidades y ciudadanía su participación para que también desde Madrid se escuche en todo el estado el grito de “JUSTICIA para los 8 de Altsasu”.
Ohian Arnanz, condenado a 13 años de prisión. Jon Ander Cob, a 9 años. Jokin Unamuno a 12 años. Julen Goicoechea a 9 años. Aratz Urrizola, a 9 años. Adur Ramírez, a 12 años. Iñaki Abad, a 13 años. Ainara Urquijo, a 2 años. Los jóvenes condenados tienen entre 21 y 31 años de edad.
Madrid, 18 de junio de 2018
Por Solidaridad Obrera
LA JUNTA SINDICAL