Por Jose Luis Carretero Miramar.
El coronavirus sigue haciendo estragos en la sociedad española. Y el impacto de clase de la pandemia es cada vez más evidente. Mientras se disciplina rotundamente a las clases populares, con un estado policial nunca visto, y se mantiene el pulso económico más allá de lo estratégico, pese a los llamamientos desesperados reclamando el cierre de las actividades no esenciales de una buena parte de la comunidad científica, el conflicto de clase se muestra de forma desnuda y perentoria en la mayor parte de los hogares.
Más de 200.000 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en apenas unos días, con los que se consigue que los trabajadores se paguen a sí mismos la prestación de desempleo mientras dure la crisis, ya que son ellos (los rendimientos del trabajo retenidos en las nóminas en concepto de IRPF) los que mantienen la base fundamental de los recursos fiscales del Estado. Y ello en medio de un caos creciente en el Servicio de Empleo Estatal, que no puede garantizar el pago a inicios del mes de abril, pese a que los trabajadores de dicho servicio público siguen acudiendo presencialmente a las oficinas, aunque no atiendan en ellas a los demandantes de empleo, con el consiguiente peligro para su salud.
Cientos de miles de trabajadores que siguen en sus puestos de trabajo con una evidente carencia recursos preventivos o sanitarios, incluso en sectores no estratégicos como el telemarketing, la obra pública o la jardinería. Grandes ramas del capital que desoyen abiertamente las órdenes de la inspección de trabajo, o de las autoridades sanitarias, y que no son molestadas en modo alguno por las fuerzas de seguridad, más ocupadas en controlar a quien alarga en demasía el paseo del perro, multiplicando así el número de infectados y la presión sobre los hospitales. Un sistema sanitario desbordado, degradado por el continuado saqueo de los servicios públicos de la última década, y abandonado por un sistema productivo privado que no ha sido disciplinado por el Estado para ponerlo a producir coactivamente lo necesario en esta situación de urgencia (mascarillas, guantes, respiradores…).
La clase trabajadora está en el centro de la devastación de esta pandemia: viviendas insalubres, hacinamiento, recursos escasos, salarios de miseria, servicios públicos colapsados, precariedad laboral y vital que impone el trabajo en condiciones inseguras o envía de cabeza a la marginalidad.
Porque no podemos olvidar que ya antes de la pandemia un sector importante de la clase trabajadora estaba en una situación de abierta emergencia humanitaria. Nos referimos a los desempleados, personas dependientes, trabajadores y trabajadoras informales (servicio doméstico, venta ambulante, tiempo parcial indeseado, pequeñas “ñapas”, trabajo sexual…), migrantes sin documentación y, también, no lo olvidemos, a todo ese sector creciente en las últimas décadas, gracias a las recurrentes reformas laborales, conformado por los llamados working poors (trabajadores que, pese a tener un empleo, no consiguen con su sueldo superar el umbral de la pobreza).
Ese sector ha sobrevivido las últimas décadas gracias a ayudas públicas siempre menguantes, al colchón familiar, cuando lo había, y a diversas iniciativas de solidaridad de los movimientos sociales y de otros organismos caritativos, como los Bancos de Alimentos o los Bancos de Tiempo presentes en muchas ciudades. Ese sector abiertamente marginalizado se está multiplicando exponencialmente en las últimas semanas, sin que tengamos siquiera instrumentos para saber en qué medida. Y la profundidad de su miseria se vuelve abisal en una sociedad que, pese a todo, sigue comercializando on line con todo tipo de cachivaches.
Nos lo cuenta Luis Miguel Sáenz del colectivo Los Invisibles del barrio madrileño de Tetuán. En los últimos tres años, la Comunidad Autónoma de Madrid ha desarrollado una práctica absolutamente rigorista a la hora de conceder la Renta Mínima de Inserción a las familias más vulnerables del barrio. Se han multiplicado las “suspensiones cautelares” de dicha Renta ante la más mínima sospecha, muchas veces infundada, de que el beneficiario estaba obteniendo otros recursos económicos, por escasos que fueran. Ahora, obviamente, los ciudadanos con la renta suspendida “cautelarmente” (es decir, sin que se haya dictado una resolución firme que indique que no les correspondía seguir cobrando) se encuentran sin ningún ingreso y con todos los procedimientos administrativos suspendidos por el Estado de Alarma.
Por otra parte, los comedores escolares de la Comunidad de Madrid se han cerrado, y la nueva ayuda a las personas que tenían anteriormente derecho a precio reducido no llega a todas ellas: sólo a los perceptores de la renta mínima, que tienen que ir todos y cada uno de los días de la semana a determinados establecimientos como Telepizza y Rodilla, donde, tras buscar sus nombres en una lista, en abierto incumplimiento de la Ley de Protección de Datos y con clara afectación a su derecho a la intimidad, los dependientes les entregan un menú que ellos mismos califican de “insuficiente, insano y claramente deficiente desde el punto de vista nutricional”. Mientras tanto, otro grupo de perceptores de la ayuda de comedor, los que no tenían concedida la renta mínima, pero si podían demostrar pocos o ningún ingreso mensual, se han quedado sin recibir nada.
Además, la cuarentena la van a pasar estos grupos humanos sin comida: los bancos de alimentos de la Iglesia o de los movimientos sociales del barrio han cerrado en su mayoría, al no recibir fondos para continuar funcionando y no disponer de voluntarios para hacer repartos a domicilio.
Un panorama que nos confirma, con sus variaciones barriales, Aurelio Villanueva, miembro de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas y Canillejas, en Madrid: “la gente del distrito está reclamando que haya una ayuda especial, las familias no resisten más tiempo”.
En San Blas, la Plataforma está repartiendo paquetes de comida de urgencia en los domicilios de las familias más vulnerables y está presentando sus reivindicaciones ante la Junta Municipal. Junto a una Asociación de Vecinos del barrio, han organizado una campaña para ayudar a las personas vulnerables a hacer la compra, obtener medicinas o hacer otras salidas el exterior. Hay muchos ciudadanos que no están teniendo absolutamente ningún ingreso. La plataforma acepta donaciones para comprar paquetes de comida, pero tienen que entregarse en efectivo, porque carece de cuenta corriente bancaria. También aceptan comida, bienes perecederos, productos de higiene, etc.
Irene Moreno, del Banco Obrero de Madrid, nos informa, por su parte, de que las despensas de esta organización, que tiene varios Bancos Obreros de alimentos en los barrios de Hortaleza, Usera y Tetuán, se están vaciando. Grupos de voluntarios de la organización están repartiendo comida en los domicilios de las familias más vulnerables. Por ejemplo, en casas de personas mayores o que tienen familiares a su cargo.
Cada día llegan pidiendo ayuda más familias en situaciones más extremas. Para tratar de canalizar la solidaridad proletaria, el Banco Obrero ha puesto en marcha una campaña de donaciones on line, mediante la que todos y todas podemos donar dinero desde nuestras casas para alimentos, productos para bebés, geles, champús, productos de higiene femenina y medicamentos. El dinero puede donarse mediante la siguiente página web: https://donorbox.org/donaciones-banco-obrero
Irene Moreno, también, llama nuestra atención sobre lo que puede estar ocurriendo fuera de Madrid, en territorios con poca o nula incidencia de organismos de solidaridad de la clase trabajadora, donde es más difícil mantener el esfuerzo de llevar alimentos a las personas vulnerables, pero hay, sin duda, la misma o mayor extensión brutal de la miseria.
Armonía Díaz, por su parte, nos cuenta como están las cosas en la populosa localidad de Badalona, cerca de Barcelona. Armonía es una veterana de las luchas sociales, no en vano fue detenida hace cerca de un año al intentar parar un desahucio de una familia en situación de vulnerabilidad económica. El procedimiento judicial que le abrieron por desobediencia o atentado a la autoridad aún está sin resolver. En Badalona hay mucha gente, en situación muy precaria, cobrando la Renta Garantida que ha puesto en marcha la Generalitat, tras las campañas de movilizaciones al respecto de los movimientos sociales. Sin ese ingreso no tendrían para comer.
La Plataforma de Afectados por la Crisis de Badalona ha hecho una recogida y reparto de alimentos entre familias del barrio. Ha habido muchas denegaciones injustas de la Renta Garantida a familias que se dedican a la venta ambulante o de chatarra, partiendo de la base de sospechas infundadas. También es de reseñar que los cooperativistas de la localidad tampoco están cobrando la Renda, pese a que la actividad de la mayoría de las cooperativas, como la iniciativa de reparto AmbBici de la que es socia-trabajadora Armonía, se ha hundido drásticamente durante estas semanas, y sus socios están en una situación de enorme precariedad.
Trabajadores y trabajadoras sin empleo, migrantes, subempleados y subempleadas, trabajadores pobres, mayores abandonados. Infraviviendas que impiden realizar cuarentena alguna a familias en la miseria. Niños y niñas alimentados con comida basura, gracias a que sus padres figuran en las “listas de pobres” de la autoridad, que manejan empleados precarios de grandes transnacionales.
Cuando veamos la riqueza y el fasto reaparecer en nuestras calles, con toda su pompa y su obscenidad, al acabar todo esto. Cuando veamos, y admiremos, y envidiemos, el lujo suntuoso y el despilfarro de los ricos y de los famosos, de los capitanes de industria y de los vividores del emprendimiento y la política, debemos recordar. Recordemos su precio, lo que no habrá desaparecido, la cara oculta de esta sociedad que no se borra pese que no se enseñe ni se comente en prime time. La cara de la de miseria de la sociedad del trabajo, la faz brutal de la violencia de la que nadie habla, la huella de la lucha de clases en los huesos y los ánimos de los trabajadores a los que se hurta hasta la posibilidad de vender su fuerza de trabajo por un precio suficiente para reproducirla para el capital. Los pobres y las pobres, que existen para que haya ricos.
Y, mientras tanto, exijamos una Renta Básica de Solidaridad, incondicional y suficiente, para todos los que sufren hoy las consecuencias del saqueo continuado en que consiste el capitalismo ya que, literalmente, les va la vida en ello. Lo que se opone a la enfermedad ahora, como ha sucedido siempre, no es la Alarma, sino la Justicia Social.
José Luis Carretero Miramar.