Por José Luis Carretero Miramar | Secretario General de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA)
Dossier “La clase trabajadora y la autogestión en la pandemia mundial”: Continuamos publicando esta serie de análisis y reflexiones sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la clase trabajadora y las experiencias de autogestión, que iniciamos con la nota de Gigi Malabarba sobre Lombardía (Italia). En este artículo, José Luis Carretero Miramar reflexiona sobre las consecuencias del confinamiento y la pandemia en el estado español.
La pandemia de coronavirus se ha convertido en una gran bifurcación histórica para la monarquía española. En más de un mes de confinamiento, la sociedad española ha encarado una gigantesca crisis sanitaria y social, que puede hacer emerger un escenario inédito en lo político.
España afronta la epidemia con un sistema sanitario degradado y al borde del colapso. Décadas de recortes, de cierre de centros de salud y de privatización y externalización de los servicios sanitarios o los servicios auxiliares de los hospitales, están pasando su factura. Cuando el brote de coronavirus comienza, a principios de marzo, el Sistema Público de Salud de la Comunidad de Madrid tiene cerca de dos mil camas hospitalarias y más de mil trabajadores sanitarios menos que diez años antes. Frente a las más de quinientas plazas en unidades de cuidados intensivos por cada cien mil habitantes de Alemania, la salud pública española no llega siquiera a las doscientas. Más de un treinta por ciento de los trabajadores de los servicios de salud son contratados temporales, muchos de ellos en claro fraude de ley. El sistema sanitario español, definido por los medios de comunicación acomodaticios con el Régimen como “la joya de la corona” de la monarquía hispánica y “la mejor Sanidad del mundo”, no puede hacer frente a la pandemia.
Durante varias semanas, los hospitales colapsan. Los trabajadores sanitarios no disponen de medios de protección y no hay respiradores ni unidades de cuidados intensivos para todos los pacientes que los necesitan. Los propios sanitarios se convierten en el principal grupo de personas infectadas, junto a los ancianos de las residencias de personas mayores que han sido también privatizadas en las últimas décadas, que mueren por millares. Los sanitarios que dan positivo a los test de coronavirus son obligados a volver a atender a pacientes una semana después, pese a que existe la posibilidad de que sigan contagiando. No hay recursos como respiradores, mascarillas, batas, cascos con pantallas, ni tampoco una industria nacional que los fabrique. Las primeras semanas cunde el caos.
Pero el caos en el sistema productivo es aún mayor. Las medidas de confinamiento y la consiguiente parálisis económica conllevan más de un millón de despidos. Cerca de 500.000 empresas presentan Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que permiten suspender las relaciones laborales de más de cuatro millones de trabajadores, y que los trabajadores suspendidos pasen a cobrar la prestación por desempleo (cerca de un 70 % del salario anterior). Los autónomos (trabajadores independientes no asalariados) y las pequeñas empresas tienen que paralizar en masa sus actividades y pasar a obtener magros ingresos públicos, en un modelo económico basado fundamentalmente en la hostelería y el turismo (juntos representaban cerca del 30 % del PIB), dos actividades que no pueden seguir funcionando durante el confinamiento. Los trabajadores informales (trabajadoras sexuales, trabajo sumergido en la hostelería o el turismo, operarios de pequeñas reformas en la edificación, vendedores ambulantes, etc.) y las personas que están en situación de marginalidad o sin hogar, pasan a depender directamente del funcionamiento de los Bancos de Alimentos de la Iglesia, los municipios o los movimientos sociales que, además, interrumpen en muchos casos su funcionamiento durante el plazo de confinamiento más estricto.
Un pequeño ejemplo puede servir para resumir lo que el neoliberalismo conlleva al calor de la pandemia y cómo las élites políticas del régimen tratan de convertir la crisis en “oportunidad”. Al cerrar los centros educativos, la Comunidad de Madrid decide que los niños que reciben becas de comedor, pertenecientes a familias de bajos ingresos que sólo cobran la Renta Mínima de Inserción (una prestación pública insuficiente), tengan acceso, en lugar de a los comedores escolares, a determinados productos de conocidas franquicias como Rodilla o TelePizza. Una alimentación insuficiente, caótica desde el punto de vista nutricional, y que obliga a las familias a ir a buscarla a los locales de las franquicias y a identificarse delante los empleados de estas.
Lucha de clases en los centros de trabajo.
Mientras tanto, las tensiones en los centros de trabajo se vuelven en muchos casos explosivas. Las empresas que siguen abiertas intentan por todos los medios seguir trabajando sin las condiciones de seguridad y protección necesarias. En muchos sitios no hay guantes, mascarillas o geles desinfectantes para los trabajadores. Tampoco hay medidas específicas para el personal especialmente sensible (diabéticos, hipertensos, personas con afecciones respiratorias, inmunodeprimidos, etc.). El conflicto se establece en torno a las medidas de seguridad que se han de aplicar. Los trabajadores reclaman no arriesgar sus vidas, y los patronos persiguen la continuidad del proceso productivo pese a todo.
Nos lo cuenta Antonio Rus, delegado encargado de la prevención de riesgos laborales en la sección sindical de Solidaridad Obrera en el Metro de Madrid:
“Está costando mucho avanzar. Van tomando las medidas de prevención con cuentagotas y no terminan de ponerlas en marcha. Cuando creemos que hemos conseguido algo, a los dos o tres días vemos que no se hace. Se han reunido todos los sindicatos y han planteado algunas reivindicaciones, principalmente rebajar el servicio (dejar sin personal la mitad de las estaciones), también que nadie abandonara su tren durante el día. La empresa les propone dejar sin personal 100 estaciones. La gente que se queda en casa, se queda, pero a los demás les están llamando a cubrir otras estaciones, con lo que no se rebaja tanto el peligro para la plantilla, el impacto de la medida no es tan grande como se esperaba. Siguen faltando mascarillas. Hay gel, pero a veces no lo llevan a los puestos de trabajo hasta que insistimos. Reclamamos que en mantenimiento sólo se haga lo urgente. Hay más de 1400 afectados, 3 fallecidos y 104 positivos confirmados entre la plantilla”.
Nos lo indica, también, Fermín Hernández, del Sindicato del Agua de Alicante de Solidaridad Obrera:
“En algunas depuradoras hay turnos de 24 horas, durmiendo los trabajadores en una roulotte. Hay coacciones por todos lados. En Helados d´Alacant hubo que llamar a la policía porque estaban trabajando sin ninguna posibilidad de prevención, a 40 cm unos de otros. Después, la dirección ha instalado mamparas y se han puesto turnos en el vestuario.”
En sectores especialmente precarizados, como el Telemárketing (venta telefónica) la situación se vuelve especialmente brutal: en los calls centers, en gigantescas naves, trabajan cientos de trabajadores, unos al lado de los otros, compartiendo micrófonos, teclados o auriculares. Sin gel desinfectante, guantes o mascarillas. Sólo la presión de los trabajadores organizados consigue que las cosas mejoren y que una importante parte de la plantilla pase a realizar teletrabajo, pero, eso sí, usando muchas veces sus propios medios tecnológicos (ordenador, conexión a internet) y sometiéndose a un control reforzado de la empresa, que desconoce el recién declarado (que no regulado) derecho a la desconexión digital que establece la Ley de Protección de Datos española.
Un elemento importante, por lo que permite hacer visible, en este proceso de lucha de clases, es la posibilidad admitida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales española de paralizar, por parte de los representantes sindicales o la inspección de trabajo, la actividad productiva ante un riesgo grave e inminente contra la salud de los trabajadores.
Es así como se paraliza la actividad en la planta de la Mercedes Benz en Vitoria, o como se puede forzar a algunas concesiones a Konecta (la empresa más grande de contact center del Estado Español). En Konecta, donde la dirección empresarial adopta una posición marcadamente intransigente frente a las reivindicaciones obreras de seguridad, amparándose en la competencia global en un proceso productivo que “se puede desempeñar desde cualquier sitio”, los sindicatos más combativos consiguen que la inspección de trabajo ordene la paralización de las actividades. La orden no es respetada por la empresa, que actúa con absoluta impunidad, pero la presión constante le obliga a recurrir masivamente al teletrabajo y a mejorar sustancialmente las condiciones sanitarias en las plantas madrileñas.
Otro elemento importante es la persistencia y crecimiento, en los últimos años, de una amplia variedad de organizaciones del sindicalismo de combate en el Estado Español. Aunque estas organizaciones no confluyen en espacios unitarios y muestran una gran dispersión y fragmentación organizativa e ideológica (distintas familias marxistas o anarcosindicalistas, nacionalistas de todas las nacionalidades ibéricas, cristianos de base, organizaciones corporativas, etc.) el hecho de que puedan disfrutar de personalidad jurídica propia y espacios de representación autónoma les permite soslayar y desbordar, en muchos centros de trabajo, a los aparatos del sindicalismo mayoritario (CCOO y UGT). Un sindicalismo mayoritario centrado en la gestión coordinada con las direcciones de empresa de la situación, y en la puesta en marcha de los ERTE (suspensiones de los contratos con derecho a la prestación de desempleo) como única alternativa. Una alternativa, por cierto, que representa un magnífico proceso de socialización de las pérdidas, después de más de una década de extendida privatización de todos los beneficios sociales.
La odisea de la economía social
Por supuesto, la pandemia impacta también con brutalidad en el desempeño de las organizaciones cooperativas y de las empresas de la economía social en el Estado Español. Nos lo cuenta Adrián Battaglia, coordinador de la secretaría técnica de la sección Madrid de Coop 57, la principal cooperativa de crédito del Estado, que financia en gran medida las iniciativas de la economía social española:
“Hay mucha incertidumbre. Hay entidades bastante golpeadas porque han tenido que paralizar su actividad económica (formación, restauración, alimentación…). No pueden asumir los costes fijos porque no tenían colchón para poder aguantar y no saben si podrán volver a abrir.
Actividades semiparalizadas que tenían contrataciones que están en la incertidumbre de ver cómo se resuelven. Entidades que tienen contratos con la Comunidad de Madrid, y este organismo público va a ajustar los proyectos con quitas a lo que iban a cobrar las entidades, que no saben si pueden reducir costes.”
Battaglia nos indica, también, que las ayudas públicas “no están llegando a las entidades más pequeñas y débiles, sólo a las grandes y medianas. Las ayudas del Instituto de Crédito Oficial se agotan enseguida. El primer tramo era de 20.000 millones de euros y en 24 horas se solicitaron más de 50.000. Las ayudas las gestionan los grandes bancos, en función de su cuota de mercado. Las entidades más pequeñas no obtuvieron nada del primer tramo. Esas ayudas ya tenían nombres y apellidos, estaban destinadas a proyectos de gran envergadura.”
Coop 57, una cooperativa de crédito que agrupa a más de 1000 entidades de la economía social, nos cuenta Battaglia “está dando carencias a sus socios deudores de más de tres meses, durante los que sólo se cobran los intereses, no el capital del préstamo. También se están buscando alianzas con entidades públicas o privadas que puedan respaldar (mediante avales o mecanismos semejantes) a quienes entren en impago o a quienes pidan nueva financiación. No queremos dejar de financiar a la economía social, pero el cálculo de lo que es viable ha cambiado. No podemos, tampoco, pasar a ser nosotros los que no seamos viables en un futuro próximo.”
Fernán Chalmeta, trabajador de la librería Traficantes de Sueños, una institución decana en la economía social madrileña, nos cuenta también que:
“La situación es bastante preocupante. La ESS es muy variada. La madrileña está centrada en los sectores de servicios. No hay apenas empresas industriales. Y, en gran medida, está paralizada. En el sector del libro la situación es infernal: esto ha venido en el peor momento, cuando se iban realizar las Ferias de Libro en la mayoría de las ciudades del Estado. Pese a ello, hay campañas de autoorganización de los movimientos sociales que llaman a no pagar el alquiler y a presionar por un Plan de Choque con medidas sociales. Al figurar como trabajadores asalariados muchos cooperativistas y empleados de la ESS (pero no todos, la legislación permite que los cooperativistas figuren como trabajadores autónomos) han podido presentarse a ERTEs y están cobrando el desempleo.”
Por su parte, Anna Abellán, coordinadora del Ateneu Cooperativo del Barcelonés Nord y socia trabajadora de la cooperativa La Sargantana de Barcelona, nos indica que:
“La afectación a las cooperativas pequeñas es muy grande. Hay pocas que estén continuando la actividad. La Xarxa de la Economía Solidaria (XES) ha creado un comité de crisis para ayudarlas. También quieren crear un fondo común de contingencia. Alguna cooperativa ha cambiado su actividad para hacer mascarillas. Y hay otras iniciativas sociales: las Mujeres P’alante (un grupo feminista) han constituido un Banco de Alimentos para las mujeres cuidadoras. También está cogiendo fuerza el tema de la agroecología y estamos tratando de detectar y poner en contacto a los grupos de consumo y facilitar su producción y venta”.
En algo están de acuerdo Adrián Battaglia, Fernán Chalmeta y Anna Abellán: “no hay ninguna medida pública concreta para el sector de la economía social y solidaria”. Abellán nos dice: “las medidas, que son para todo tipo de empresas, son cortas, consisten en créditos y no en facilidades de tesorería y no van dirigidas al medio plazo sino al corto”. Adrián, termina la conversación con estas indicaciones:
“Es una situación bisagra. Es una oportunidad para que la gente empiece a ver que hay otros modelos de hacer economía y que existen otras formas de generar, a nivel local, relaciones económicas, sociales, culturales, que pueden poner a las personas en el centro, y que cuiden tanto el tema medioambiental como el tema de género”.
Los derechos civiles, en peligro
La declaración por el gobierno del Estado de Alarma constitucional, junto a las diversas medidas que se proponen desde diversos estamentos mediáticos y empresariales para el proceso de desescalada del confinamiento, pone también en cuestión la estructura de los derechos y libertades democráticas que nos ofrecía el pensamiento jurídico liberal como modelo.
En primer lugar: el Estado de Alarma constitucional no habilita a los poderes públicos, según la misma literalidad de la Carta Magna española, para llevar a cabo muchas de las limitaciones de los derechos civiles operadas en las últimas semanas, según han afirmado reiteradamente numerosos juristas progresistas. Las medidas tomadas más parecen asemejarse a las de un Estado de Excepción constitucional, más vinculado con un gran desorden político-social que con una situación de emergencia sanitaria.
Esta perspectiva se ve avalada por la creciente ubicuidad de los representantes de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales en el escenario público y en las ruedas de prensa del gobierno. El recurrente mensaje gubernamental de que nos encontramos ante “una guerra”, en la que tenemos que “tener disciplina”, aún absurdo desde el punto de vista sanitario, se ve poderosamente reforzado por el hecho de que son mandos uniformados quienes lo trasladan, entre una exuberante farfolla pseudo-patriótica y belicista, a la población.
Junto a ello, una creciente marea mediática animada desde medios gubernamentales lanza reiterados globos sonda sobre la posibilidad de implementar mecanismos de censura que puedan hacer frente a los “bulos” o fake news. El hecho de que muchas de estas informaciones tergiversadas o, simplemente, auténticas falsedades, hayan sido fomentadas por sectores cercanos a la ultraderecha, no nos debe hacer olvidar que, en gran medida, lo que se pretende es silenciar a futuro todo discurso no normalizado desde arriba. El día 18 de abril, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil (un cuerpo militar que ejerce labores de policía, incluso en la situación de normalidad, en gran parte del territorio nacional), José Manuel Santiago, afirma sin ruborizarse en la rueda de prensa diaria del gabinete de crisis del gobierno, que dicho cuerpo trabaja para: ”Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno.”
El desarrollo de aplicaciones que garanticen la geolocalización de los ciudadanos o de mecanismos que permitan a las empresas conocer y almacenar datos de los trabajadores que se corresponden con su intimidad (como, por ejemplo, su estado de salud o el de sus familiares) tiende, también, a ser legitimado a marchas forzadas en la actual situación. La ubicuidad del control informático, que incluye datos biométricos, sanitarios, geolocalización y control de los discursos “desviados” en las redes sociales, constituirá un elemento central de la nueva situación que se abrirá tras el confinamiento. El conflicto acerca de los límites y la regulación que pueda imponerse a la vigilancia permanente de la clase trabajadora por vía telemática, será también un elemento fundamental de las batallas futuras.
Como afirma Francisco García Cediel, abogado madrileño vinculado desde hace décadas con los movimientos sociales y representante jurídico del sindicato Solidaridad Obrera:
“Todo esto constituye un experimento bastante peligroso de control social, muy susceptible de una utilización perversa de los instrumentos que se le están dando al Estado, como la posible geolocalización de la población. Además, se culpabiliza a la ciudadanía de la gravedad de la pandemia, que es producto del proceso de desmantelamiento de la sanidad pública en las últimas décadas, y a la que sólo se puede hacer frente mediante la defensa y refuerzo de los servicios públicos.”
Perspectivas de futuro
De cara al futuro debemos tener en cuenta las numerosas transformaciones que se van a producir en el escenario sociolaboral y político español. Transformaciones que pueden generar dinámicas como las siguientes:
Los ERTEs, con el reinicio de actividades en un escenario de caída del PIB que puede ser cercana al 10% y de absoluto colapso del turismo y la hostelería, se convertirán en muchos casos en EREs (despidos colectivos) y, junto al ataque patronal generalizado a las condiciones de trabajo (los gurús liberales ven la crisis como una “oportunidad”), generarán una situación social sin precedentes. La situación de los parados, trabajadores informales y otros trabajadores en situación de vulnerabilidad que necesitan a los Bancos de Alimentos y otros organismos de apoyo mutuo obrero para poder sobrevivir y que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda se volverá extrema. Y constituirán un sector creciente de la población.
La pandemia no va a ser vencida fácilmente. Las tensiones por las condiciones de seguridad en el trabajo continuarán. La expansión de los medios telemáticos de control de la enfermedad (y de los trabajadores) generará nuevas líneas de conflicto. La contradicción fundamental del modo de producción capitalista entre la dinámica de acumulación del capital y la necesidad de fuerza de trabajo viva, estructurará gran parte de las tensiones y luchas entre Capital y Trabajo, en un escenario de revolución tecnológica, automatización creciente y biopoder extendido sobre el conjunto social, pero también de desvelamiento para amplias capas de las clases populares de la radicalidad de las consecuencias de dicha contradicción.
Todo ello pone sobre la mesa la importancia estratégica de la Sanidad Pública como elemento imprescindible para la supervivencia obrera, en un momento en que la pandemia va a tardar en ser controlada definitivamente, así como la importancia de la defensa de los servicios públicos (educación, servicios sociales, seguridad social) en un escenario de alta deuda pública y posibles rescates condicionados a planes de ajuste de la UE o el FMI.
Además, las tensiones crecientes en el seno de la Unión Europea, en torno a la necesidad de que los países del Norte contribuyan a la reconstrucción de la economía de los países periféricos sin las salvajes condicionalidades que se le impusieron a Grecia en la anterior crisis sistémica, pueden llevar a una definitiva implosión de la Eurozona. Mientras en el Banco Central Europeo se hacen cada vez más audibles las voces que llaman a constituir un “Banco Malo” comunitario (y realizar un rescate público de las entidades financieras del continente), toda propuesta de implementar los llamados “eurobonos” que permitan financiar el gasto social a los países de la Periferia mutualizando la deuda, son airadamente respondidas por las élites nórdicas. Mientras el BCE lanza una línea de 750.000 millones de euros para comprar deuda de las entidades financieras y de las grandes empresas comunitarias, toda posibilidad de poner en marcha un seguro de desempleo o una renta vital mínima a nivel continental se ven eternamente aplazadas. En estas condiciones, gran parte de la clase política y de los medios de comunicación de los países del Sur de Europa sienten una creciente tentación de externalizar las tensiones, culpando a la UE de todos los males. Incluso de su propia mala gestión.
La emergencia de las nuevas tecnologías y su creciente importancia en el mundo productivo y para el control social (blockchain, Big Data, 5G, IoT, etc) representa también un elemento importantísimo a tener en cuenta. Hemos hecho el experimento social de teletrabajo más masivo de la historia. Y lo hemos hecho, además, sin tener en cuenta en modo alguno las regulaciones que pudieran limitar sus efectos más lesivos (como la referida al derecho a la desconexión digital o la dedicada a la protección de los datos de los trabajadores). La innovación tecnológica va a ser presentada como la panacea en la arquitectura del nuevo mundo. Las contradicciones que siempre la han rodeado, como su potencia radical para construir un mundo de autogestión del trabajo gracias a la participación remota, a la cualificación del trabajo, y a la distribución masiva de la información, pero también su posible utilización para la vigilancia permanente de la insurgencia obrera o de los “comportamientos desviados” en un Gran Hermano virtual, serán contradicciones y líneas de conflicto esenciales en el futuro previsible.
También lo será la creciente deriva autoritaria y el proceso ya iniciado de limitación de las libertades civiles y los derechos democráticos (manifestación, asociación, libertad de expresión, etc.). Máxime si las élites españolas llegan finalmente a unos “nuevos pactos de la Moncloa” que traten de cerrar el espacio social para todo discurso desde fuera del “consenso”, intentando perpetuar el régimen monárquico por la vía de un gobierno de concentración o un pacto parlamentario sobre los elementos esenciales de la política futura.
La crisis va a durar al menos un par de años. La situación de “normalidad” caótica del capitalismo no va a volver hasta que haya una vacuna e, incluso en ese caso, es posible que la crisis económica derivada de la situación se alargue durante más tiempo.
En este escenario, el objetivo estratégico fundamental de un movimiento revolucionario de los trabajadores, en medio de un conflicto social creciente, como afirmaba en su momento Abraham Guillén, ha de ser ganar población (simpatías y apoyos concretos entre la población trabajadora) y no tanto conseguir territorios (geográficos o institucionales), recursos materiales o puestos de poder. Por decirlo telegráficamente: los elementos esenciales a tener en cuenta desde el punto de vista estratégico para este período son las personas, las ideas y las máquinas, pero precisamente en ese concreto orden de importancia. Primero las personas. Primero los trabajadores. Las ideas son importantes, pero poner por delante las personas implica abandonar determinados dejes sectarios y dogmáticos y utilizar las ideas para formar y empoderar a las personas. Tenemos que centrarnos en el aspecto útil de las ideas para las personas. Ser útiles para los trabajadores.
En nuestra situación, es mucho más importante ser capaces de aprender de un escenario que es radicalmente nuevo, que repetir acríticamente las “Verdades Reveladas”. El movimiento de los trabajadores debe ser un movimiento que aprenda, que se dedique a aprender colectivamente. En este escenario complejo, cambiante y radicalmente transformado, va a ser mucho más importante acumular conocimiento, información y formarnos que acumular dinero en las cuentas o que respetar los mandamientos de ninguna secta ideológica.
Otro elemento importante en un escenario de cuarentenas y limitaciones al contacto entre las personas va a ser la conectividad. Tenemos que desarrollar nuestras redes sociales, pero no sólo las virtuales, también las físicas y afectivas. El elemento principal ahora ha de centrarse en el apoyo mutuo y el aprendizaje colaborativo en la nueva situación. Una situación en la que nunca antes se ha encontrado la especie humana en su conjunto.
Personas y conectividad significa tejer redes, ampliar espacios, construir trama en las clases populares. Como decía el anarquista catalán Antonio Pellicer en Argentina, en 1900: “no hay cosa alguna, desde lo infinitamente pequeño a lo inmensamente grande, que no signifique asociación de esfuerzos, organización de elementos, fuerza”.
Y, como decía también Félix Carrasquer, intelectual libertario y maestro de la Escuela del Militante de la CNT de Monzón, en la Guerra Civil española: “optimismo intransigente”. No podemos dejar que los trabajadores apuesten por la tentación de la muerte, el odio a sí mismos, y el pesimismo, que están en el núcleo del pensamiento fascista. En medio de este gran sufrimiento, se abren espacios a una gran transformación que va a suceder sí o sí. Lo que está en cuestión es hacia dónde la vamos a hacer dirigirse entre todos y todas.
Recordemos las enseñanzas de Mao y los revolucionarios chinos: todas las ideas a favor del pesimismo, la pasividad, la inercia o la complacencia son erróneas. El camino va a ser muy sinuoso y pedregoso, muy difícil y doloroso, pero de esto podemos salir reforzados como clase. Y lo vamos a hacer.