“No es un movimiento de los partidos de oposición contra una ley sino de la población en resistencia contra la política que hemos sufrido en el último año”, dijo Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor . Panamá vive una sucesión de huelgas y manifestaciones cuyo detonante fue la aprobación el 16 de junio de la llamada Ley 30 por parte del Gobierno conservador de Ricardo Martinelli, de Acción por el Cambio. Esta ley se ha impuesto “en sólo tres días, sin debate, y con la argucia legal de modificar una ley sobre aviación comercial, con la intención de pasar desapercibida ante la opinión pública”, dice Silvestre Díaz, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso).

La Ley 30 desmantela el derecho a la huelga y a la libre sindicación en las empresas privadas y niega el derecho a reunión de los trabajadores. Además, la nueva norma elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considere que sean de interés social. El presidente de Panamá, tras la aprobación de esta polémica ley, declaró que el país está listo para la inversión extranjera. “En pocas palabras, es un atentado contra los derechos sociales y ambientales en nuestro país”, señala Díaz.

Durante el mes de julio, trabajadores y estudiantes se han echado a la calle para pedir la derogación de esta nueva normativa. El 13 de julio se llevó a cabo una huelga general que tuvo un gran seguimiento en todos los sectores. Según la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, integrada por diversas organizaciones sindicales y sociales, “la huelga fue un éxito en sectores como la construcción, donde paró el 95% de los trabajadores, el 80% de los maestros pararon y en la universidad se alcanzó el 95%. Organizaciones sindicales han denunciado la violencia con la que reaccionaron los antidisturbios, los centenares de manifestantes detenidos durante la jornada de lucha y los arrestos posteriores.

Seis muertos en las protestas

Las primeras movilizaciones contra el derecho de huelga se llevaron a cabo en la región bananera de Bocas del Toro, zona fronteriza con Costa Rica. Allí las manifestaciones han dejado un saldo de seis muertos. Los trabajadores del banano apoyaron la huelga general con una marcha, a pesar de la decisión de suspender el paro de nueve días, que habían mantenido, y que tuvo a toda la provincia incomunicada. “No fue una decisión fácil, pero hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno. Van a postergar los artículos más polémicos de la ley” dijo un representante sindical. El actual movimiento contra la Ley 30, que agrupa a trabajadores de diferentes sectores industriales, estudiantes, campesinos e indígenas (como el pueblo Naso, con tradición en la resistencia contra las multinacionales), cuenta con una fuerza que no se había visto desde hace muchos años en Panamá.

Sin oposición parlamentaria

Ricardo Martinelli, de la conservadora Alianza por el Cambio, llegó al poder tras las últimas elecciones generales de mayo de 2009. Arrasó entre el electorado (70% de los votos) con la promesa de liderar el país “como un supermercado”. Martinelli es un multimillonario, dueño de una cadena de supermercados. Mientras, la izquierda no cuenta con propuestas, como tampoco las tiene la ex candidata del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, que no tiene una posición izquierdista, exiliada en el extranjero. Por su parte, el anterior presidente, Martín Torrijos, del mismo partido, hijo del dictador Omar Torrijos, está envuelto en numerosos escándalos de corrupción. La situación social en Panamá es una bomba a punto de estallar. Martinelli lo sabía desde el principio y, por eso, intentó desviar la atención con un discurso de mano dura contra los pequeños ladrones y a favor de la criminalización de organizaciones sociales. “Martinelli es el Fujimori de Panamá”, dice Díaz de Frenadeso. El presidente nunca se ha desmarcado de sus ideas. Su primera visita oficial como jefe de Estado fue a Italia para reunirse con Silvio Berlusconi y con el Papa. Se dice que entre sus ministros se encuentran varios miembros del Opus Dei, como el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, que elogió el “comportamiento sensato” del ejército hondureño durante el golpe en junio 2009.

Durante la manifestación, la represión de la policía y los antidisturbios en la calle ha sido desmesurada. De momento, la única razón por la que todavía no ha salido el ejército en defensa de la oligarquía es que Panamá tuvo que disolver sus fuerzas armadas cuando EE UU les transfirió el canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, como estaba previsto en el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Por eso, los gobiernos de este país, para afrontar una situación de “desorden público”, han apostado por la militarización de las fuerzas policiales (como se ha hecho en el país vecino Costa Rica que disolvió su ejército en 1948). Sin embargo, “la resistencia sigue a pesar de toda la opresión”, señala Silvestre Díaz. Entre los detenidos políticos de los últimos días se encuentran activistas de Frenadeso que no han participado en ninguna marcha. Según Díaz, la policía entró en sus casas arrestándoles con el pretexto de “participar en una reunión para paralizar el Canal de Panamá”.