Solidaridad con los trabajadores condenados por las protestas contra la Copa del Mundo de Fútbol de Brasil.
La deriva represiva del Estado brasileño, tras el golpe de Estado “suave” efectuado contra el gobierno del Partido de los Trabajadores, ha sido cada vez más evidente y profunda. Las operaciones de asedio y sitio de las favelas en las principales ciudades, la criminalización de los movimientos sociales, la impunidad otorgada a los grupos fascistas que agreden a los jóvenes en las universidades e inundan las redes sociales de su discurso de odio contra los pobres y los no blancos, se unen a las medidas económicas neoliberales implementadas por Temer, que han multiplicado la pobreza, con una ola de privatizaciones, flexibilidad laboral y asalto contra los salarios y la organización autónoma de los trabajadores.
El Estado brasileño es, cada vez más, un Estado firmemente autoritario que tiene al Derecho Penal del enemigo como su principal pilar y a las fuerzas policiales y militares como su único interlocutor con la población trabajadora. Pero se da la circunstancia de que, además, el enemigo de este aparato securitario omnipresente y cada vez más asfixiante es la gran mayoría de la población brasileña: los obreros, lo pobres, los parados, los excluidos del festín que la oligarquía brasileña, cada vez más dependiente del gran amo norteamericano, se ha prometido a sí misma.
Es en el marco de este contexto, que el pasado 17 de julio fue publicada la sentencia que condena a 23 militantes de los movimientos sociales por haber participado en las manifestaciones populares de 2013 y 2014 en Rio de Janeiro. La mayoría han sido condenados a 7 años de prisión por los supuestos delitos de daños a la propiedad pública y privada, lesiones, asociación criminal y corrupción de menores.
Los hechos vienen referidos a las protestas realizadas contra la realización del Mundial de fútbol en Brasil, todavía bajo en gobierno del PT, que significó un pingüe beneficio para los especuladores inmobiliarios y para las redes de corrupción ligadas al mundo político, beneficio que en modo alguno se drenó hacia las clases populares, sometidas a un control acrecentado y a procesos de expulsión de sus barrios. La acusación de corrupción de menores es especialmente impactante: viene referida a la participación de dos menores de edad en los disturbios, uno de ellos hijo adoptivo de otra de las participantes, que se imputa sin prueba alguna como responsabilidad del resto de acusados.
Por todo ello, los sindicatos abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los 23 militantes condenados y al conjunto de las luchas de los trabajadores brasileños. La libertad se construye desde la emergencia del abrazo mutuo de los desposeídos, de los explotados, de los oprimidos. Más allá de las fronteras y de las diferencias ideológicas. Más allá de los muros y la fragmentación que el Capital quiere imponer a la clase trabajadora para que no pueda defenderse.
A uno y otro lado del Atlántico la lucha sigue, y la solidaridad no debe de parar.
BLOQUE COMBATIVO DE CLASE:
(AST; BALADRE, COBAS, CSC, INTERSINDICAL DE ARAGÓN, SAS, SUSH, SOLIDARIDAD OBRERA)