HACIA DONDE VA LA POLITICA DE PENSIONES.
En un contexto de crisis socioeconómica creciente y de inicio de un período de bifurcaciones y sacudidas caóticas del capitalismo global, la política de pensiones del Estado Español va a sufrir una aceleración radical.
El sistema español, basado en la idea una prestación pública y universal, conformada entorno a un mecanismo calificado “de reparto” (en el que la generación que trabaja paga las pensiones devengadas por la generación que se jubila, que a su vez pagó las de los anteriores pensionistas), fundamentado en principios de solidaridad, está siendo sometido a una constante ofensiva que trata de modificarlo y convertirlo en un sistema crecientemente privatizado, conformado entorno a mecanismos de “capitalización” (donde cada uno cobra lo que cotizó anteriormente, si ha lugar, dada la volatilidad de las aventuras bursátiles). El último episodio de este ataque continuo al sistema público de Seguridad Social es el “Documento sobre Revisión del Pacto de Toledo”, aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado.
Este texto propone a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo y a los interlocutores sociales una serie de modificaciones estratégicas en el régimen público de Seguridad Social que constituyen una abierta agresión a los derechos de los ciudadanos.
Empecemos por el principio. Partiendo de la base de que “el número de pensionistas aumentará más rápidamente que el número de afiliados ocupados, por muy venturosa que sea la situación económica, y los derechos de pensión generados serán notablemente más altos que las pensiones presentes”, se sostiene que el régimen de la prestación pública de jubilación ha de ser modificado, obviamente minorando los derechos de los afectados. Se adhiere así el gobierno a la tesis neoliberal de la inevitable quiebra del sistema prestacional público (si no se realizan las modificaciones que ellos quieren), olvidando que, efectivamente, dicha profecía ha sido ya narrada en los últimos treinta años, cíclicamente cada diez, como han puesto de manifiesto autores como Vicenç Navarro o Juan Torres López, sin que la hecatombe demográfica anunciada llegara a producirse.
Y es que, en todo caso, habrá que preguntarse si dado que se afirma que la crisis capitalista en curso imposibilita el crecimiento económico necesario para mantener el sistema de pensiones, ¿es entonces apropiado descargar dicho efecto de la crisis sobre los que menos tienen o debería ser descargado sobre aquellos que precisamente han provocado la actual situación de desempleo y anomia productiva?
Porque lo que realmente se desea al provocar esta ofensiva, queda meridianamente claro en el propio texto del Documento: buscar un “papel reforzado para la previsión social complementaria”. Es decir, privada. Fomentar el aseguramiento privado de quien pueda permitírselo es la opción que vehicula los anhelos de beneficio de un sector capitalista que no sabe donde colocar sus capitales sobreabundantes. Desposeer de sus derechos a la jubilación (vía su progresiva minoración) a los trabajadores, para obligarles a buscar mecanismos privados de aseguramiento a los que puedan, es una forma de acrecer los flujos a manejar por el capital financiero en la Bolsa y en sus operaciones especulativas que están en la génesis de la actual tormenta perfecta socioeconómica.
Tal y como se afirma: “La previsión social complementaria, a través de los instrumentos individuales, no ha alcanzado una penetración suficiente”: Pero hay maneras de promocionarla: “Deben estudiarse medidas que desarrollen la posibilidad de suplementar la acción protectora del sistema de reparto en un aspecto importante para su sostenibilidad, como es la prolongación de la edad de jubilación”.
Así cobra pleno sentido la propuesta realizada de aumentar gradualmente la edad de jubilación a los 67 años. Como vemos, en el mismo texto se está dando la sugerente idea de que exista la posibilidad de asegurar una jubilación a partir de los 65 en el sistema complementario (es decir, privado) para aquellos que puedan permitírselo. ¿Y los demás? La tendencia general del documento es clara: minoración de derechos sin ambages.
Retraso de la edad de jubilación a los 67 años; el hecho de que “el cálculo de la pensión debe realizarse sobre los períodos de cotización real” (¿desaparición de la integración de lagunas de cotización?); aumento del período de cómputo para el cálculo de la pensión (soterrado bajo la piadosa afirmación de que es una medida para evitar perjudicar a quienes pierden su empleo en la última etapa de su vida); anuncio de una inminente reforma de la pensión de viudedad, etc. Todo ello conforma un paso más en la incesante oleada desatada contra el Estado de Bienestar contemporáneo, para intentar que sobreviva un Capital exangüe.
Y no se preocupen ustedes: ya no habrá privilegios (salvo los que disfrutan los miembros de las clases dirigentes), ya que se va a intentar “la definición de una fecha a partir de la cual los funcionarios de nuevo acceso a las Administraciones Autonómicas ingresarán en el Régimen General de la Seguridad Social”.
Y, para terminar, un último salto en el camino de la quiebra programada del sistema español de Seguridad Social, que parece ser que no puede pagar las pensiones de los cotizantes, pero sí subvencionar las aventuras empresariales postmodernas: “debe considerarse si una parte de las actuales bonificaciones (al empleo) no deben de salir de los presupuestos del Sistema Público de Empleo Estatal para ubicarse, en términos de neutralidad, en los presupuestos de la Administración de la Seguridad Social”.
En definitiva: nos encontramos en el escenario de una creciente tentativa de desarticulación de los derechos ciudadanos y del Pacto Social fordista que dio nacimiento al Estado del Bienestar. Queda en nuestras manos la única posibilidad de frenar esta deriva brutal del capitalismo contemporáneo.
José Luis Carretero Miramar.
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